El Centro de Estudios Alimentarios reporta un aumento de la violencia en el ámbito agrícola, con más de 300 casos de «acoso violento rural», como lo califica el sociólogo Edison Arciniega. «Las mafias seudocampesinas deben ser desmanteladas», subraya Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga
De las amenazas, a los hechos: La productora Daniela Pérez, propietaria del Fundo San Roque del Sur del Lago de Maracaibo, sufrió un intento de sicariato hace varias semanas. Esta productora de queso y plátanos está viva de milagro, a pesar de que la siguen hostigando. Sus tierras fueron ocupadas, con respaldo del Instituto Nacional de Tierras en un primer momento; pero cuando ella alega y el INTI le da la razón, comenzaron las advertencias, como lo reconstruye Alexis Algarra, consultor jurídico de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga). Este caso es mostrado por Algarra como una de las evidencias de que hay focos de violencia en el campo venezolano.
Hay «violencia y falta de confianza en el sector rural», señala Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Alimentarios. Se corre el riesgo, de acuerdo con su análisis, de la colombianización del occidente venezolano. «Nosotros no tenemos registro de eso, pero queremos evitar que ocurra», remarca Algarra.
«Nosotros vamos registrando un recrudecimiento de las ocupaciones ilegales violentas e irregulares en el campo venezolano», expone Arciniega. El Centro, asegura, ha documentado «más de 20 casos de acciones de grupos armados delictivos, y esto es grave, porque hasta ahora las ocupaciones eran semiviolentas y no armadas; en este momento pareciera que estamos empezando a dar el salto: ante la falta de apoyo institucional del Estado estos grupos están recurriendo a lo que el Estado llama Tancol».
Esta oleada de violencia se localiza en los estados Zulia, Mérida y Barinas, que pueden tener «60% del rebaño nacional, más de 55 de la producción de leche, 80% de la producción de palma africana, 70% del procesamiento de queso artesanal en Venezuela», enumera Arciniega.
El Estado venezolano, por la vía de tribunales del Instituto Nacional de Tierras (INTI), «ha reafirmado la propiedad de los campesinos y de los productores, y no hay quién ejecute las medidas; por el contrario, los grupos especializados en la ocupación y saqueo de unidades de producción siguen manteniendo la ocupación y agreden a los productores».
Pareciera que, como el Estado «dejó de darles la razón», estos grupos decidieron aliarse con organizaciones delictivas, refiere. Y «unidad de producción que ocupan, unidad de producción que arrasan y que queda inactiva».
Según Arciniega hay más de 200 medidas administrativas y judiciales no ejecutadas, «más de 300 casos de acoso violento rural: productores a los que el Estado les ha dado la razón en términos administrativos, pero que no encuentran que la fuerza pública les apoye para reafirmar su razón». Esos 300 casos se han notificado en menos de 40 días, con unas 60 mil hectáreas afectadas, estimó. Ha habido asesinato de rebaños, «unas 2 mil reses han sido objeto de abigeato para dejar sin rebaño al productos; matan los animales por matarlos, por crueldad».
Con los grupos armados «los productores no pueden lidiar», reitera. «Van dos intentos de sicariato, van tres secuestros en proceso. ¿Qué se está esperando?». El sociólogo evalúa que, al ser agredidos, los productores se van a defender, y por eso habla de colombianización.
Daniela Pérez acudió el año pasado, con Fedenaga, a la Comisión de Diálogo Nacional para exponer su caso. Pero, como lo indica Arciniega, no obtuvo respuesta. «Ella recibió una medida de reafirmación por parte del INTI hace unos dos meses, el mismo INTI ha ordenado el desalojo y reubicación de los ocupantes ilegales» pero no se han marchado. «Si alguien que visiblemente está defendiendo las causas de los productores no es capaz de obtener una medida real de acompañamiento del Estado, ¿qué queda para los demás?», se pregunta.
¿Se necesitan más leyes? «Para nada», replica Algarra. «Aquí hay elefantiasis legislativa. Leyes es lo que sobra. Hay que cumplir y hacer cumplir la ley». Esto implica que el Ministerio Público investigue, que se encuentren los autores materiales e intelectuales. «Las mafias seudocampesinas deben ser desmanteladas», subraya. Hay millones de hectáreas que pueden ser explotadas, sostiene, e incluso «están dadas las condiciones para otra reforma agraria».
-Hay que gente que asegura estar luchando por sus reivindicaciones. ¿Cuál es la diferencia?
-La diferencia es que unos utilizan la lucha por la tierra, o por las mejoras en las condiciones de vida de la ruralidad, para alcanzar reivindicación social y económica en el marco de la ley, y otros utilizan esa bandera para fines distintos: para extorsionar, para robar, para delinquir.
-¿Quiénes prevalecen? ¿Los que luchan por la tierra honestamente, o los mafiosos?
-Los mafiosos, sin duda alguna. Esta gente ha prostituido la vocación por la tierra, por la ruralidad, y han mancillado el buen nombre de los campesinos venezolanos. Esa gente debe ser perseguida penalmente en el marco de la Constitución y las leyes, y por eso insistimos en hacerle llamados respetuosos al Estado.