El informe de Michelle Bachelet fue publicado el pasado 4 de julio, a pesar de que se esperaba para el 5 de julio día en que lo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Cuando Rosa Orozco habló en Caracas con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le pidió que en su informe sobre la situación de Venezuela «fuera contundente», que «incluyera las voces de las víctimas» y garantías de que existirá «justicia».
Rosa Orozco es la mamá de Geraldine Moreno, una joven que murió a causa de varios impactos de perdigones a quemarropa en su rostro por parte de funcionarios de la Guardia Nacional durante una protesta en Valencia, Carabobo, el 19 de febrero de 2014.
Para Orozco, fundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, este nuevo informe es «más contundente» que el presentado a comienzos de año por Bachelet, y que, además, en este se siente escuchada.
«Reflejó todo lo que está pasando en el país. Estoy muy satisfecha. La gente decía que esa señora no iba a hacer nada. Ella antes de irse hablo con cada uno de nosotros, con doce familiares. Lo único que le pedí a ella es que nosotros necesitábamos que ella sacara ese informe y que fuera contundente y que luego pasara a la Corte Penal Internacional, para que empezara a formarse un juicio preliminar, y eso tiene mucho peso», expresó Orozco.
Katherine Martínez de la organización no gubernamental Prepara Familia también califica el informe detallado de Bachelet sobre Venezuela como «contundente», pero además, «histórico» para Venezuela en materia de derechos humanos, pero para la defensora de los derechos humanos, lo más importante del escrito son las recomendaciones en todas las áreas que aborda, como social, política y económica.
Como vocera de una ONG que defiende los derechos en materia de salud, explica que lo que necesita el país «es que haya un cambio en materia de salud pública» por lo que considera que este nuevo informe «es muy importante» porque «será una plataforma para que muchos relatores apliquen protocolos en el país».
Martínez explicó que entre los convenios que se establecieron durante la visita de Bachelet a Venezuela en junio pasado, se habló de la visita de al menos 10 relatores de la oficina del Alto Comisionado durante dos años que mantengan el seguimiento y profundicen las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos. Otro compromiso es que en seis meses se evalúe la apertura de una oficina permanente acá en Venezuela.
Otra posibilidad que puede surgir con este informe, según Martínez, es que permita establecer una comisión de investigación internacional con respecto al nivel de vulneración de los derechos humanos que a su juicio refleja el escrito de Bachelet.
«Para las ONG este informe da la posibilidad de presentarlo en todos los escenarios a escala internacional y de revisar los protocolos y convenios internacionales que ha suscrito Venezuela. Ya no somos las ONG que estamos presentando informes o denuncias, ya es una plataforma de alta factura como la oficina más importante que existe dentro de la ONU y que hace las investigaciones más serias y más reconocidas a nivel técnico», añadió Martínez.
Por lo pronto, en Prepara Familia, siguen en espera, junto con las familias, de noticias por parte del Estado con respecto al caso de los pacientes que esperan por trasplantes de médula ósea, hígado y riñón. Sobre la lista de niños que necesitan trasplantes de médula ósea, Martínez comentó que Fundavene se ha comunicado con las familias y les han plateado varias posibilidades, aunque la oferta de viajar a Cuba fue descartada ya que allí solo se practican trasplantes con donante familiar compatible. No es el caso de los 30 niños que los necesitan con mayor urgencia.
«Ya tenemos 30 niños nuevamente porque se añadieron nuevos casos. Seguimos tratando de conseguirles lo que se pueda; plaquetas, transfusiones, medicamentos y los insumos para estabilizarlos hasta tanto puedan recibir sus trasplantes», explicó Martínez.
El abogado Joel García, quien encabeza la defensa del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, considera que a muchos el informe los tomó por sorpresa, y que el primer sorprendido fue el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde su planteamiento, el escrito presentado por Michellet Bachelet el pasado 4 de julio, recoge de forma objetiva lo que la Alta Comisionada, y su equipo técnico, que estuvo en el país en marzo, vieron y escucharon por parte de quienes se entrevistaron con ellos.
García asegura que gracias a este informe «ahora muchos países van a ver de otra manera la situación» venezolana, lo que reitera, «puede contribuir a que coadyuven a que el país salga de la crisis».
«El gobierno hace mucha propaganda y mucho lobby político y para muchos países la situación en Venezuela no estaba clara y solo pensaban que era un tema de oposición y gobierno, pero este informe deja al descubierto lo que es el régimen y lo que está pasando en el país», expresó el abogado.
García apoya la solicitud de que este informe sea llevado a la Corte Penal Internacional, y tiene plena seguridad de que así será, debido a que gobiernos como los de Chile y Colombia, dos de los países que han albergado mayor cantidad de migrantes venezolanos, varias ONG venezolanas y organizaciones como el Grupo de Lima han expresado su disposición para colaborar con esta petición.
Sobre si el gobierno de Maduro tomará o no en cuenta las recomendaciones que plantea el informe, García pone como ejemplo la detención de un grupo de militares el 21 de junio, día en que Bachelet culminaba su visita en Venezuela.
«Sabemos cómo es el actual de régimen. Para mejor ejemplo; Michelle Bachelet se estaba montando en un avión saliendo de Venezuela, cuando inmediatamente estaban deteniendo a varios militares, uno de ellos el capitán de corbera Rafael Acosta Arévalo», declaró García.
García afirmó que los dos relatores que quedaron en Venezuela por parte de la oficina de la Alta Comisionada no han podio ir a los centros de reclusión como se ha acordó.
Sobre la liberación de los presos políticos, el abogado explica que si se tratara de un gesto de hacer ver que el gobierno está dispuesto a tomar en cuenta las sugerencias de Bachelet, en el caso de la ex jueza María Lourdes Afiuni, «fácilmente Maduro le pudo haber dado un indulto» debido a que ella ya posee una condena de cinco años, y el caso del periodista Braulio Jatar, explica que no hay ningún cambio debido a que sigue bajo un proceso penal.
