Hasta el momento solo dos oficiales de la Guardia Nacional han sido detenidos por su presunta vinculación con el caso del capitán de corbeta
«Por la muerte de Rafael Acosta Arévalo deberían ser citados todos los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que ejercen funciones dentro de la sede ubicada en Boleita, los que lo tenían en resguardo, los que realizaron el traslado, el alguacil que lo recibió en la sede de los tribunales militares en Fuerte Tiuna, la secretaria, el juez y cualquier otro funcionario del tribunal que haya podido ver o apreciar las condiciones en las que se encontraba el capitán de corbeta».
Esto lo explica el abogado Alonso Medina Roa, perteneciente a la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y quien lleva el caso del capitán.
De igual forma, Medina Roa añade que también debe ser citado el personal del hospital militar Vicente Salias –al que fue trasladado el funcionario–, el medico que lo recibió, quien, además, considera debe emitir un informe. Todo esto en sintonía con la autopsia realizada por la dirección medico–científica del Ministerio Público y el registro fotográfico que Medina asegura que existe y en el que se evidencian las condiciones en las que estaba el cuerpo de Acosta Arévalo.
El defensor considera que en el caso del capitán se debería aplicar el Protocolo de Minnesota, un modelo creado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1991, y que establece una serie de recomendaciones para investigaciones legales con respecto a ejecuciones extraoficiales y arbitrarias.
Hasta el momento, el Ministerio Público solo ha emitido la detención preventiva de dos funcionarios de la Guardia Nacional; el teniente Ascanio Antonio Tarascio de 23 años y el sargento segundo Estiben José Zarate de 22 años, por su presunta vinculación con la muerte del capitán de corbeta. El fiscal 34° los imputó por delito de homicidio preterintencional con causal.
Para Medina, solo están responsabilizando a dos funcionarios con los grados más bajos entre los oficiales y las tropas profesionales, lo que a su juicio, se traduce en «un daño muy grande a la Fuerza Armada Nacional».
«Es momento de recuperar los valores éticos. El daño que se le está haciendo a la FAN, donde militares están torturando militares, también es muy grande. Creo que el Alto Mando debe revisar esta situación. Uno de los principios que se inculca en el mundo militar es el compañerismo, es la caramaderia».
El video
Para el abogado Alonso Medina Roa, las expresiones del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo en el video presentado por Jorge Rodríguez, «son expresiones que podrían ameritar una investigación penal», pero no más de allí, debido a que después, el Ministerio Público sería el encargado de determinar si ciertamente la conducta se podría adecuar a algún delito previsto en el Código Penal o en el Código Orgánico de Justicia Militar.
Añadió que presentar ese tipo de evidencias por televisión nacional es ilegal, ya que toda prueba o expediente utilizado en una investigación no puede ser revelado hasta tanto no finalice el proceso.
Una diferencia que resalta el abogado Alonso Medina Roa entre el caso del concejal Fernando Albán y el caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo es que al capitán pudieron verlo antes de su muerte y alertar lo que estaba viviendo con respecto a la tortura.
Hasta la tarde de este martes 2 de julio no se había entregado el cuerpo del capitán por parte de la Medicatura Forense. El abogado denunció que en varias oportunidades se citó a los familiares para el papeleo de entrega pero no fueron atendidos por los funcionarios.
Luego de que finalmente sea entregado, se espera que los familiares del capitán Rafael Acosta Arévalo trasladen el cuerpo hasta el estado Aragua para sus actos fúnebres.
