Durante la presentación del informe de Cecodap sobre la atención jurídica que ha prestado la organización defensora de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, Carlos Trapani, coordinador de la ONG hizo hincapié en la situación de los luego de los sucesos de principios de 2026 y el doblete sísmico, este último que afectó notablemente a La Guaira y al Junquito.
Trapani cuestionó que a la fecha no existan cifras oficiales de los niños, niñas y adolescentes fallecidos, heridos y afectados desde el punto de vista social tras los sismos del 24 julio. Pero hay una situación particular que afecta a la población adolescente y tiene que ver con las protestas de conflictividad político y social, y en medio de las cuales han resultados presos menores de edad, y quienes han sido imputados por terrorismo.
En este contexto, Carlos Trapani, explicó la situación de los adolescentes y las familias en conflicto con la ley penal, sobre todo en procesos de excarcelación, estamos hablando de casos imputados por terrorismo. «Casualmente hoy, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas publicó la decisión, que declaró arbitraria la detención de Samantha Hernández. Y previamente, antes del sismo, el mismo grupo de trabajo calificó como arbitraria la detención de cuatro adolescentes de La Guaira. Entonces, ya tenemos un órgano de la ONU que reconoce que la detención de estos adolescentes no cumplió con la formalidad de la ley y que la detención fue arbitraria, donde se ordena la liberación inmediata, la no repetición y la indemnización para estos adolescentes».
¿Qué nos indica en estos casos? La importancia del sistema de justicia penal público dijo Trapani. En el marco de la reforma del sistema de justicia penal, como el tema de adolescentes tiene un punto central de reflexión y de análisis, destacando la importancia del servicio educativo, de la comunicación inmediata entre los adolescentes y sus familias, lo vital de la excepcionalidad y la privación de libertad, donde ese adolescente que está sometido con la ley penal tenga derechos.
En caso que se incumplan las garantías previstas en la ley. «No hablamos de impunidad, si un adolescente comete un delito, habrá una responsabilidad diferenciada de acuerdo al hecho cometido. Lo que estamos exigiendo (Cecodap) es que se cumplan las garantías que la ley establece. Ni más ni menos», argumentó el abogado.
Seguidamente expuso: «Lo que hemos visto en los procesos de excarcelación es una profunda carga a la familia. Por ejemplo, las familias que tienen que sufrir régimen de presentación, traslado de un estado fronterizo a la capital, incertidumbre sobre qué va a pasar en el juicio. Tenemos casos de adolescentes, que han tenido que asistir a más de 15 audiencias, donde al menos 10 ancianos diferenciaron sus permisos. Entonces, no puede vivir el adolescente, no puede desarrollar su proyecto de vida. No se puede lograr una correcta realización. Es imposible que un adolescente que tiene el grillete en el pie y tiene permanentemente que presentarse y sufrir lo complejo que es el sistema penal pueda avanzar, porque el sistema penal con la adolescencia es severo y hace daño».
Mientras más se prolonga el contacto del adolescente con el sistema, se hace mucho más difícil esa realización y más aún si se profundiza el trabajo judicial. Y por último, creo que es importante el seguimiento, resaltó Trapani, al tiempo que resaltó «que una de las grandes dificultades que la ley nos planteó, en términos del seguimiento, bueno, es la respuesta institucional. Entonces, todo acompaña, pero desde el otro lado, sí se escuchó al niño, sí se escuchó a la familia, sí se escuchó a la institución, hay una deuda pendiente para hacer efectivo estos procesos», agregó el defensor de los DDHH.
