La zona sur del estado Bolívar atraviesa una crisis caracterizada por el abandono institucional, la inseguridad y la presencia de grupos armados, de acuerdo con las denuncias del sector agrominero. Yunices Barreto, presidenta de la Agrominera Mama Pancha, expuso durante una entrevista en Televen la situación que enfrentan los trabajadores y productores locales frente a las autoridades nacionales. «Nos sentimos olvidados de verdad porque existe el Ministerio de Desarrollo Minero e Industria y ahorita en este preciso momento nuestro estado Bolívar está incendiado totalmente», expresó la vocera al referirse al panorama de los trabajadores de Guayana y de la Corporación Venezolana de Minería.
Los productores organizados bajo la figura del Arco Minero afirman haber cumplido con los requisitos legales exigidos por el Estado venezolano para operar en la región. Según Barreto, el sector completó los procesos de permisología ambiental, constitución de empresas y establecimiento de alianzas destinadas a la explotación aurífera formal. Sin embargo, la situación jurídica y operativa cambió con la llegada del ministro Héctor Silva en el año 2024. «Empieza una arremetida contra el sector minero», aseguró la dirigente gremial al detallar los obstáculos que surgieron tras las inversiones realizadas en áreas autorizadas mediante coordenadas oficiales.
Negocio y despojo en los yacimientos
El mecanismo de operación denunciado por la representación agrominera se activa una vez que las empresas inician las fases de exploración y descubren yacimientos de oro con potencial comercial. En ese momento, de acuerdo con los testimonios, se ejecuta un desplazamiento de los titulares originales por parte de funcionarios militares y gubernamentales.
Barreto señaló directamente a varios actores institucionales: «El ministro Héctor Silva conjuntamente con un grupo de militares, entre ellos el coronel el capitán Luicents Álvarez, el teniente coronel Salazar Corte, del resguardo minero, el vicepresidente de la Corporación Venezolana de Minería y la directora del despacho del ministro Desireé Hidalgo».
La dirigente calificó el esquema como un negocio de corrupción estructurado dentro del territorio minero. Uno de los puntos críticos señalados es la comercialización irregular del Registro Único Minero (RUM), documento indispensable para el tránsito y las operaciones logísticas en las alcabalas a través de las guías Cenafim.
La presidenta de Mama Pancha indicó que este registro, el cual debería ser gratuito como cédula de identidad de las alianzas, es retenido bajo el argumento de fallas tecnológicas en el sistema centralizado. «Esto lo encarece y es vendido en 25.000 dólares», afirmó, al tiempo que sostuvo que la red de cobros está dirigida por altos funcionarios del Ejecutivo y mandos militares desplegados en la zona de El Callao como jefes de sector y de regiones.
Tras el desalojo de los inversionistas y mineros que realizan los hallazgos, la extracción del oro continúa mediante el uso de esquemas de brigadas locales. Barreto explicó que se convoca a hombres y mujeres de los mismos municipios con promesas de empleo formal, quienes terminan siendo empleados bajo condiciones que benefician a los mandos castrenses. «Los ubican allí y son los testaferros de los militares», aseveró la vocera, quien añadió que el oro extraído desaparece de los registros oficiales sin que se ofrezcan cuentas claras a las instancias del Estado sobre su destino final.
Silencio institucional y riesgos para nuevas inversiones
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones mineras han intentado formalizar sus reclamos por las vías regulares correspondientes. Barreto confirmó que se han enviado múltiples comunicaciones al Ministerio de Minas adjuntando pruebas documentales, además de consignar denuncias ante la fiscalía y organismos defensores de derechos humanos. No obstante, la respuesta institucional se ha traducido en la rescisión de los convenios y alianzas productivas. «Cada alianza que habla que implica lo que está pasando allá es castigado. Quitándole su concesión, quitándole su alianza, lo desaparecen y de un solo plumazo como que no existiera ley en el país», denunció.
Esta ausencia de garantías jurídicas genera incertidumbre frente a los anuncios oficiales sobre la posible incorporación de capital extranjero y la llegada de inversionistas norteamericanos a la región minera. La presidenta de Mama Pancha advirtió que cualquier capital que intente ingresar al Arco Minero se enfrenta a un escenario donde la seguridad jurídica es inexistente. «Un inversionista, nosotros también tenemos inversionistas, pero vienen de un solo plumazo y rescinden una alianza y ese inversionista pierde todo lo que ha invertido en esa en esa mina», puntualizó, reiterando que la situación actual perjudica la estabilidad económica del país y la de los ciudadanos que dependen de la actividad minera legal.
