La Fundación Juntos Se Puede Venezuela presentó ante la diputada, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, una propuesta técnico-jurídica para la derogación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.855 del 15 de noviembre de 2024.
La iniciativa, suscrita por Ana Karina García, directora de la fundación, y Pedro Luis Contreras Tirado, coordinador país, plantea que el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas no debe convertirse en un mecanismo de restricción de la libertad de asociación ni de obstaculización de las actividades humanitarias y sociales.
El documento fue elaborado como un aporte técnico a la discusión sobre las garantías de funcionamiento de la sociedad civil, con especial atención a los procedimientos administrativos, las facultades de fiscalización del Estado y las condiciones necesarias para recibir y ejecutar cooperación nacional e internacional.
Derogación de la ley y alternativas para proteger a la sociedad civil
El informe desarrolla una posición principal favorable a la derogación total de la legislación vigente, al considerar que su estructura introduce controles y restricciones incompatibles con las garantías constitucionales de libre asociación, autonomía organizativa y debido proceso.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran la duplicidad de registros, la discrecionalidad administrativa, las sanciones desproporcionadas y las facultades que permitirían afectar el funcionamiento de organizaciones sin las debidas garantías judiciales.
No obstante, la fundación también plantea una ruta de reforma parcial como alternativa pragmática, orientada a eliminar los componentes punitivos de la normativa y sustituir el enfoque de control por uno de promoción y garantía del derecho de asociación.
Esta segunda vía contempla la simplificación de los procedimientos registrales, la eliminación de restricciones ambiguas, la protección de la autonomía de las organizaciones y el establecimiento de límites claros a las competencias de fiscalización.
Transparencia y rendición de cuentas sin criminalizar la solidaridad
Como parte de sus aportes, Juntos Se Puede Venezuela también desarrolló un proyecto de Ley Marco de Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La propuesta parte de una premisa central: las organizaciones que administran donaciones, recursos de cooperación y fondos destinados al interés público deben contar con mecanismos verificables de transparencia, integridad institucional y evaluación de resultados, sin que estas obligaciones se utilicen para restringir sus actividades legítimas.
El proyecto contempla informes anuales de gestión, publicación de estados financieros, trazabilidad de donaciones, mecanismos de prevención del fraude, gestión de conflictos de interés y procedimientos de supervisión proporcionales al tamaño, naturaleza y riesgos de cada organización.
También incorpora garantías para proteger la información personal de beneficiarios, donantes y personas en situación de vulnerabilidad, así como procedimientos de subsanación y defensa frente a eventuales incumplimientos administrativos.
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede Venezuela, destacó que la propuesta busca demostrar que la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de asociación no son principios contrapuestos, sino condiciones que deben fortalecerse mutuamente.
“Desde nuestra experiencia en Colombia hemos aprendido que las buenas prácticas, la transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza y garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Venezuela necesita organizaciones responsables, pero también un marco legal que facilite su trabajo, en lugar de imponer obstáculos a quienes buscan servir a las comunidades”, expresó García.
La experiencia colombiana como referencia para las buenas prácticas
La propuesta también recoge la experiencia institucional de Juntos Se Puede en Colombia, donde la organización ha desarrollado iniciativas de acompañamiento a población migrante venezolana y ha articulado esfuerzos con distintos actores para atender necesidades humanitarias y sociales.
Desde esa perspectiva, la fundación considera que la transparencia debe asumirse como una responsabilidad propia de la gestión institucional y no exclusivamente como una obligación impuesta por mecanismos de vigilancia estatal.
El planteamiento busca trasladar al debate venezolano criterios de documentación, seguimiento de recursos, responsabilidad organizativa y evaluación de resultados, adaptados a las condiciones y necesidades de las organizaciones nacionales.
Eliminar las trabas administrativas que paralizan a las organizaciones
Otro de los componentes centrales del informe aborda los obstáculos que enfrentan las organizaciones ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
El documento advierte que las dificultades de funcionamiento de la sociedad civil no se limitan al contenido de una ley, sino que también pueden manifestarse mediante circulares, requisitos adicionales, demoras registrales y procedimientos administrativos que impiden actualizar documentos, formalizar autoridades o realizar trámites indispensables.
Por ello, la fundación propone revisar los mecanismos de calificación registral, establecer plazos claros de respuesta y eliminar exigencias que excedan las obligaciones legales.
Una propuesta para el debate institucional
La presentación de ambos documentos busca contribuir a una discusión legislativa que reconozca el papel de las organizaciones sociales en la asistencia humanitaria, la protección de derechos, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
Juntos Se Puede Venezuela sostiene que una legislación moderna debe promover organizaciones transparentes, responsables y capaces de demostrar el impacto de su trabajo, pero también garantizar que puedan constituirse, recibir cooperación y desarrollar sus actividades sin restricciones arbitrarias.
La fundación plantea que la derogación de la normativa vigente constituye su propuesta principal y que, ante un eventual proceso de reforma, cualquier modificación debe desmontar efectivamente los mecanismos de control discrecional y ajustarse a las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Con esta iniciativa, Juntos Se Puede Venezuela incorpora su experiencia en acción humanitaria y gestión social al debate sobre el futuro del marco jurídico de la sociedad civil, defendiendo un modelo en el que la transparencia, la autonomía institucional y la libertad de asociación se fortalezcan mutuamente.
