A tres meses del doble sismo que azotó a varias zonas del país siendo devastador en el estado La Guaira, Cecodap y la agencia PANA presentaron su tercer informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes las cifras expuestas este jueves se sustentan en la información pública divulgada por las redes, obituarios, lista de hospitales y de los mismos sobrevivientes.
El informe es un seguimiento a la emergencia que además de documentar hace un análisis desde el mismo 24 de junio cuando ocurrió el doble terremoto hasta el 24 de septiembre, dijo Indira Rojas de la agencia PANA, tras indicar que es un trabajo realizado por un grupo de periodistas sensibilizados con la situación de los niños, niñas y de los adolescentes, quienes quedaron en una situación de vulnerabilidad ante los hechos.
Destacó que los datos recopilados y analizados por la organización que representa (PANA) dejan en evidencia el vacío de información oficial y lo que se refiere a las cifras de víctimas menores de edad no hay un registro por género y edad.
Sin embargo, «con las fuentes de información pública registramos un total de 3.267 niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos, siendo las principales afectaciones de los menores son desplazamiento interno, fallecidos y heridos”, en este contexto dijo que en estos 100 días han registrado la disminución de los casos reportados como desaparecidos.
Tras explicar que el desplazamiento interno representa nuevas dificultades para los niños, niñas y adolescentes, pues además de lidiar con las pérdidas deben adaptarse a otro entorno, otras costumbres y la incertidumbre. Los estados con mayor número de niños afectados son Monagas, con 311; Nueva Esparta, 277; Trujillo, 240; Barinas, 224; y Miranda, 216.
Carlos Trapiani: «Hay que dejar de ver el daño para ver los derechos»
Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, hizo un llamado a las autoridades a ver más allá del daño para ver los derechos. Afirma que el doblete sísmico agravó una crisis preexistente que afecta el cuidado de los niños y sus familias.
«No tener información pública a más de 100 días es un riesgo de protección», aseveró, aunque entiende que es difícil levantar datos rápidamente después de una emergencia, información ya era escasa antes del doblete sísmico y agravó una crisis preexistente que afecta el cuidado de los niños y sus familias.
Trapiani recomendó especialmente a las autoridades, dejar de ver el daño para ver los derechos, pero cuando vemos el análisis de los terremotos desde los derechos, evidentemente la aproximación va a ser diferente. «¿Cuál es el reto? Atender una crisis que se instale en la cotidianidad de las familias. Una crisis que se instale en el hogar, que se instale en la escuela, que impacte en la salud mental y afecte el cuidado de los niños».
«Venimos de un contexto muy complejo, muy difícil, pues en el mes de enero tuvimos un episodio de violencia importante y en menos de seis meses un terremoto. Evidentemente hay una crisis preexistente y lo que hace el terremoto es agudizar la crisis que vivieron todas las familias», destacó el coordinador de Cecodap.
«¿Cuál es la medida de éxito desde CECODAP? Pasar de la asistencia material a la restitución efectiva de derechos. Tenemos que dejar de ver a las personas de La Guaira como víctimas y verlos como ciudadanos. Que ellos tengan autonomía, que tengan control de sus propias decisiones, que ellos tengan control de sus propios procesos familiares. Que ellos tengan incluso la capacidad de hacer un mercado, que tengan la capacidad de tomar decisiones y darles empoderamiento a los ciudadanos», puntualizó Trapiani.
Recordó que la emergencia no ha concluido, solo evoluciona y/o cambia de forma, pero no significa que concluyó, afirmó al señalar que «el reto es pasar de la respuesta inmediata a la protección integral. Porque tenemos un terreno vulnerable».
El sismo profundizó, ya fallas preexistentes. Fallas en servicios públicos, en agua, en electricidad, transporte, en alimentación, la dificultad de la escuela y se alteran todos los entornos protectores. Hay unos riesgos que son invisibles, sobre todo en este momento, la desescolarización, la marginalización de los adolescentes, la dispersión familiar, el malestar emocional y las dificultades para acceder a canales de denuncia.
«¿Y cuál debe ser nuestra finalidad estratégica en este momento? La protección integral». Insistió, mirar más el derecho de los ciudadanos y no solo los daños que generó el terreno.
