Desde hace una semana los presos del Centro para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico, están enfrentando un brote de fiebre, diarrea y vómitos.
La situación es cada vez más crítica ante la rapidez del contagio. Mientras unos pocos logran recuperarse con sus propios medios, otros caen enfermos, sin que exista una respuesta asistencial sanitaria dentro del recinto.
Asimismo, la desesperación de los reclusos aumenta al acudir a la enfermería y nadie los atiende, pues en el penal no hay personal médico. Pese a los reiterados llamados de auxilio formulados por los internos y sus familiares, la dirección del penal ha mantenido una actitud de total indiferencia. Desde
El Observatorio Venezolanos de Prisiones responsabilizó de manera directa a la directiva del penal 26 de Julio por la vida, salud e integridad física de cada uno de los hombres bajo su custodia.
Garantizar la atención médica no es una concesión ni un privilegio, sino un deber estatal ineludible y negar el acceso a la salud constituye una grave y flagrante violación a los derechos humanos.
Recordemos que las Reglas Mandelas son categóricas al señalar que las personas privadas de libertad deben tener los mismos derechos y estándares de atención sanitaria que la comunidad exterior.
Es por ello que el Estado no solo administra la custodia física de un recluso, sino que asume la responsabilidad absoluta de proteger su vida, y privarlo de asistencia médica oportuna en medio de una contingencia es una forma de trato cruel, inhumano y degradante que debe cesar de inmediato.
