El presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del estado Vargas solicita la exoneración del pago de servicios y tributos y solicita una ley especial para proteger a la población de La Guaira. «Nosotros estimamos que hay 14 mil comercios en La Guaira, y calculo que más de 50 % está funcionando plenamente tres meses después de los terremotos», señala. «Muchos somos damnificados y sobrevivientes», expone Rusvel Gutiérrez en esta conversación en primera persona / Texto y fotos: Vanessa Davies y José Gregorio Yépez
En La Guaira somos sobrevivientes y damnificados. Sobrevivientes, los que salimos con vida. Damnificados, porque perdimos objetos. El objeto es un edificio, un galpón, una casa, una oficina o cualquiera de sus implementos internamente. Muchos somos damnificados y sobrevivientes. En el estado tenemos unos 486 mil habitantes, y puedo decir desde el punto de vista comercial que tenemos más del 45 % de afectación del sector comercial en la zona cero, que está integrada por cuatro parroquias.
Caraballeda, la parroquia turística por excelencia, la perdimos por los efectos de los terremotos. Recuerdo que en los años 1980 y 1990 nuestra gente invirtió en la zona de Tanaguarena, en Caribe, en proyectos inmobiliarios que costó muchísimo desarrollar, y todo ese desarrollo fue borrado.
Todo fue borrado. El que quedó parado, está comprometido y va para la demolición, o a lo mejor para la recuperación, pero el tema de la recuperación de un inmueble de 12 o 15 pisos no es nada fácil. No es nada fácil. Vamos a tener una gran problemática, y es la carga para poder reconstruir. Tienes que hacer un ejercicio de posibilidad cierta o incierta con todos los copropietarios que hacen parte de la comunidad para reconstruir. ¿Cómo se hace una una asamblea que decida el destino de la reconstrucción de ese edificio? Muy difícil, porque no se ponen de acuerdo. Y cuando haces una revisión de la junta de condominio, no están legalizadas porque nunca la han legalizado. Cuando legalizas y vas propiamente a plantear la necesidad de una reconstrucción del edificio que quedó parado, entonces te cuesta 5 millones de dólares, y cuando empieza a hacer una división entre 152 apartamentos, dices: «Son 25 millones, y 25.000 dólares que se necesitan por cada uno de los apartamentos para reconstruir». Y te consigues que hay gente que lo único que tiene de ingresos propios son 130 dólares mensuales porque son jubilados y pensionados. En esas condiciones, cualquier banco no te agarra, no te lo van a dar. Estamos atrapados en una oferta que yo diría engañosa.
Esta es una de las cosas que vamos a enfrentar con una población que está afectada en 45 % o 50 % en la parte comercial y en la parte habitacional. Tú vas al Costa del Sol, que es un centro comercial en Caribe, y había 40 comerciantes abiertos de 130 locales, pero están perjudicados los 130. Estés abierto o cerrado, tienes que cumplir con unas obligaciones que se derivan justamente por mantener esas infraestructuras, como pago de condominio. Si tenías el negocio cerrado, pero tenías un registro mercantil, eso generaba obligaciones incluso municipales. Y ahora, en estos momentos, todavía les siguen cobrando relleno sanitario, porque no tenemos una exoneración dada por un gobierno regional, un gobierno municipal, un gobierno nacional. Necesitamos la exoneración, porque ¿cómo sigo yo haciendo frente verdaderamente a unas obligaciones tributarias? Cobran el aseo, el relleno sanitario, y si no estás activado comercialmente porque estás cerrado en estos momentos, también tienes un mínimo tributable. Son 20 euros que te cobran mensualmente por no trabajar. Por eso insistimos en la diligencia que tienen que tener los gobernantes municipales y regionales a través de la relación con el ejecutivo nacional para que disponga de los fondos para ayudar a la gente de Vargas. Si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? En Colombia surgió también un terremoto en determinada zona, y a los dos días ya tenían ya la contesta de la municipalidad.
Es una necesidad exonerar el cobro de los servicios públicos y la exoneración de todo tributo para el comercio, de manera general, porque nosotros directa o indirectamente somos afectados. Aquí no puede haber una discriminación odiosa; la exoneración debe ser general. Ya nosotros vivimos una contingencia en la que se aplicó la exoneración del IVA y sí funcionó, porque te ofrecían un producto con 14 % menos, por lo que no lo comprabas en Caracas, sino que lo comprabas aquí en la Guaira.
Nosotros venimos de ensayos y errores. En 1999 tuvimos la tragedia de Vargas, que enlutó los corazones de toda la familia varguense. Tuvimos una réplica en el 2000 que afectó dos parroquias: Carlos Soublette y Maiquetía. En 2005 tuvimos una vaguada. En 2006 tuvimos la caída del viaducto Caracas-La Guaira que nos trancó las operaciones marítimas, aéreas y turísticas. En 2010, y por tres años consecutivos, tuvimos lluvia y casi 3000 damnificados durmiendo en escuelas y plazas con carpa, y todos los días teníamos el estado trancado por las manifestaciones que había, porque la gente pedía sus soluciones habitacionales. Después nos vino la pandemia, que implicó tres años paralizados, y entonces nos cayó el doble terremoto. Esto, sin hablar de los problemas políticos, sindicales, golpe de estado y pare de contar. A los guaireños tienen que hacernos una estatua porque hemos sido resilientes, hemos saltado cantidad de obstáculos.
Nosotros estimamos que hay 14 mil comercios en La Guaira, y calculo que más de 50 % está funcionando plenamente tres meses después de los terremotos. Hay 1.200 agentes de aduana registrados con su licencia, de los que solamente trabajan 100 por los problemas anteriores, y todos tienen que cumplir todas sus obligaciones tributarias para mantener la licencia. Las operaciones aduanales se mudaron a Puerto Cabello y Valencia por el cierre del puerto y el aeropuerto, pero ya nuestras operaciones las estamos desarrollando al 100 %. Lo que estamos recibiendo es mercancía comprometida con anterioridad. Menos mal que fuimos escuchados por la nueva autoridad del Seniat para hacer más expeditos los procedimientos. Las cosas están funcionando un poco mejor, no hay esas alcabalas administrativas dentro de las aduanas y puertos. Ahorita lo que está llegando es producto de todos los compromisos que han adquirido los importadores para satisfacer las fiestas de Navidad. ¿Qué está llegando? De todo. Diversos tipos de mercancía para la industria, partes, piezas de recambio, materiales justamente para la fiesta Navidad y fin de año; esos compromisos tienen ya meses o hasta años de planificación. Y nos está llegando ahorita; no hay problema, está fluyendo.
¿Qué necesita La Guaira en este momento desde su punto de vista? Reglas claras del juego. Que continúe la remoción de escombros desde el primer gramo hasta los 2,.8 millones de toneladas que, según los especialistas, hay para remover. Si nosotros limpiamos toda Vargas de esos escombros, te da una confianza a ti como inversionista para entonces proyectar la idea: ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a continuar? Segundo, que se elabore inmediatamente, y con todos los expertos en la materia, un mapa de riesgo. También, el plan maestro de construcción para las obras públicas y privadas. Nosotros no tenemos ni siquiera ordenanza de zonificación y estamos regidos por la zonificación del año 1977 del otrora Distrito Federal. Exoneración, remoción de escombros, mapa de riesgo, zonificación. Sí, señor.
¿Está clara la situación, por ejemplo, de los comercios caídos o las propias viviendas? Yo vivía en una residencia de 152 apartamentos; el edificio quedó colapsado, no se puede vivir, inhabitable. Y nosotros tenemos que darles seguridad jurídica a todos los habitantes de aquí. Es importante que el propio Estado acompañe desde el número uno hasta el copropietario 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 que pueda haber en Vargas. Se necesita un acompañamiento jurídico. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos una ley nacional que ampare en lo social y económico a todos los afectados, al sobreviviente y al damnificado.
Vuelvo a los edificios: con una morosidad de 30 % a 40 % en ese condominio, y no puedes hacer frente como junta de condominio al rescate y al mantenimiento de las áreas. El inmueble quedó inhabitable, ¿qué hacemos con ese edificio? Bueno, vamos a recuperarlo. ¿Tú lo vas a recuperar? ¿Con un propietario que tiene morosidad de 30 %, de 40 %? Imposible. «Yo necesito 5 millones de dólares para recuperar ese edificio», son unos 25 mil dólares. ¿Lo pueden hacer? No lo puede hacer. Descartas que con recursos propios se puedan hacer las recuperaciones. El Estado venezolano no va a dar el crédito para la recuperación del edificio. O la caridad internacional, que venga un organismo internacional y diga: «sí, son muchos, te vamos a dar el crédito no retornable y lo va a administrar una empresa que nosotros mismos vamos a a contratar. Levanta tu edificio». Todo lo veo bastante difícil.
Si un edificio está totalmente comprometido, entonces tú dices: «Recuperarlo va a ser imposible. Demolerlo puede ser una vía. Lo demueles completo y lo vendes». Pero entonces quedan reducidos todos los copropietarios en su misma alícuota y en el espacio de terreno que tienen allí, y te van a dar dos puyas. Creo que el Estado tiene una papa caliente en las manos porque eso se puede ranchificar como la torre de David. Hay otros problemas, porque el Estado ofrece créditos, pero ¿quién te vende en el mercado secundario en bolívares? No todo el mundo acepta.
Como abogado, estoy analizando caso por caso que me viene. Y no es nada fácil. Nosotros tenemos 1.500 infraestructuras afectadas, y hay que buscar la manera de legalizar el condominio, de poner de acuerdo a los copropietarios. ¿Tú me entiendes? Eso es un trabajo. Sí, eso es una verdadera tragedia. Pero el Estado puede garantizar a rodos los venezolanos con una ley los fondos necesarios para darle respuesta desde el número uno hasta el 1.500. Esa ley depende de la voluntad política; más nada. Sería una ley tipo paraguas que garantice los fondos para la gente de La Guaira.
