Un grupo de 21 organizaciones no gubernamentales pidió este lunes a las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la Asamblea General, mantener hasta 2028 la vigencia de la Misión Internacional Independiente que investiga la violación de derechos humanos en Venezuela.
Las organizaciones, en un declaración conjunta, argumentan que el contexto actual del país es «volátil» y la situación social y humanitaria «sigue siendo preocupante».
«Desde los graves hechos de enero de 2026, se han materializado algunos cambios en la conducta del Gobierno venezolano, pero la política de represión se mantiene intacta en sus integrantes, estructuras e instituciones», dicen las ONG en el documento, en referencia al viraje político de la Administración de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el ataque militar de EE.UU. que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Entre las organizaciones firmantes destacan Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, Washington Office on Latin America (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y otras locales como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Foro Penal o Espacio Público.
«Cientos de personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, personas identificadas como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad (…) siguen ostentando posiciones de alto poder en el Gobierno, y los esfuerzos del Gobierno por evadir la justicia a nivel nacional e internacional se han profundizado», continúa el texto.
El documento fue difundido antes del inicio, mañana martes, de la Asamblea General en Nueva York y días después de que la Misión, creada en 2019, presentara su último informe sobre la violación de derechos humanos en el país suramericano durante el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos.
En dicho informe, la Misión ONU señaló que al menos 12 cargos políticos en el Gobierno interino venezolano están vinculados a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Los 12 fueron identificados en informes anteriores de la misión como responsables de «cometer, ordenar, facilitar o contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad».
Tras la intervención estadounidense que desembocó en la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez a la Presidencia, se mantienen en el poder, bien con los mismos cargos o con otros nuevos, señala el documento, donde se aporta esta lista como prueba de la continuidad del aparato represivo del Estado.
Entre los listados figura el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ha ocupado distintos puestos en el régimen, y el desde marzo ministro de Defensa, Gustavo Enrique González, antes director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre otros cargos.
Venezuela en tanto defendió el viernes mejoras en la situación de derechos humanos desde principios de año, como la ley de la amnistía o la liberación de hasta 8.743 detenidos, y pidió que la Misión internacional independiente de investigación de la ONU para su país que no extienda su mandato. EFE
