La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inauguró este lunes en Montevideo el 195 período ordinario de sesiones, en el que habrá audiencias públicas por casos contra los Estados de Chile, Perú y Venezuela.
Este período ordinario de sesiones se llevará a cabo desde hoy y hasta el viernes 25 de septiembre, días en los que se celebrarán audiencias públicas por los casos ‘Navarro López y otros versus Venezuela’, ‘Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros versus Chile’ y ‘Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca versus Perú’.
Asimismo, la Corte celebrará dos audiencias de supervisión de cumplimiento vinculadas a dos casos uruguayos.
Durante su presentación, el presidente de la Corte IDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, apuntó que el impacto de las sentencias de esta se mide por lo que ocurre después de ellas y remarcó en ese sentido que lo ocurrido da motivos para entusiasmarse.
«Las decisiones están siendo cumplidas, los Estados están aprobando y derogando leyes para adecuar su derecho interno a la Convención, los tribunales han incorporado los estándares interamericanos a su cultura decisoria y el control de convencionalidad se ha convertido 20 años después en una realidad», enfatizó.
Asimismo, destacó que la administración pública ha adaptado sus prácticas, sus políticas públicas y sus instituciones «para promover los Derechos Humanos», todo ello «con miras a garantizar la reparación integral de las víctimas y a prevenir a repetición de las violaciones».
Mientras tanto, la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, dijo en el encuentro llevado a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo que un sistema regional fuerte «requiere Estados democráticos sólidos, poderes judiciales independientes, instituciones de Derechos Humanos eficaces y sociedades capaces de ejercer plenamente sus libertades».
Agregó que también necesita instituciones regionales y multilaterales fuertes, independientes y accesibles.
«La decisión de celebrar sesiones fuera de la Corte constituye una valiosa oportunidad para acercar a este sistema interamericano que tanto valoramos a las instituciones nacionales y promover un mayor conocimiento de la jurisprudencia interamericana», puntualizó Csukasi.
Añadió que «Uruguay aspira a que la presencia de la Corte en Montevideo transcienda las actividades jurisdiccionales y permita desarrollar una agenda amplia de intercambio».
Sobre los casos uruguayos que tratará la corte, uno de estos se dio cuando la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado «por la violación de diversos derechos como consecuencia de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyen y de la supresión y sustitución de identidad de su hija María Macarena Gelman García, así como por la violación a los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, abuelo de María Macarena.
El otro es por las violaciones «a distintos derechos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas, así como de sus familiares». EFE
