En Venezuela existe una contradicción difícil de justificar, mientras miles de personas permanecen hacinadas en cárceles y calabozos policiales, una parte importante de la infraestructura penitenciaria construida en el país permanece cerrada, desalojada o fuera de funcionamiento.
Para 2025, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registramos 26.694 personas privadas de libertad en centros penitenciarios que disponían de apenas 15.096 plazas operativas, lo que llevó el hacinamiento a 176,83%.
Esta sobrepoblación contrasta con otra realidad del sistema penitenciario venezolano, y es que más de 10 mil plazas permanecen desaprovechadas en establecimientos que fueron cerrados y continúan fuera de funcionamiento, una capacidad que, de ser recuperada bajo condiciones adecuadas, podría contribuir significativamente a reducir el hacinamiento y descongestionar los calabozos policiales.
Durante las últimas décadas, al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados en Venezuela, entre ellos algunos de los de mayor capacidad del país, como Sabaneta, con 800 plazas; la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), CEPELLA, Yare I y Puente Ayala, con alrededor de 750 plazas cada uno; y Vista Hermosa, con 650.
A estos se suman La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure, I.J. Yaracuy y otros recintos. Algunos fueron posteriormente reutilizados o reabiertos, pero otros permanecieron durante años fuera del sistema, reduciendo significativamente la capacidad penitenciaria disponible.
Solo durante las intervenciones penitenciarias de 2023, 8.016 personas fueron trasladadas a diferentes entidades del país. El resultado fue que una parte de esa población terminó en establecimientos que ya enfrentaban problemas de infraestructura y sobrepoblación, mientras cientos de familias tuvieron que comenzar a recorrer largas distancias para mantener contacto con sus familiares detenidos.
Caracas es uno de los ejemplos más claros. Con el cierre progresivo del Retén de Catia, El Junquito y La Planta, la capital venezolana quedó sin establecimientos penitenciarios, lo que significa que personas cuyos procesos judiciales se tramitan en Caracas terminaron recluidas en otras entidades, alejadas de sus tribunales y de sus familias.
El impacto es especialmente grave porque las familias, tanto de Caracas como de otros estados, se han convertido en proveedoras de necesidades que deberían estar garantizadas por las autoridades, como alimentación, medicamentos, productos de higiene y otros insumos esenciales.
En ese sentido, cuando una persona es trasladada a cientos de kilómetros, su familia debe sumar el costo de mantener el transporte, alimentación y, en ocasiones, alojamiento para poder visitarla. Para hogares ya golpeados económicamente, la distancia puede terminar haciendo imposible mantener esa asistencia.
Las cárceles cerraron y los calabozos comenzaron a ocupar su lugar
Mientras el sistema penitenciario perdió capacidad, los centros de detención preventiva del CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y los cuerpos policiales estadales y municipales han terminado albergando durante meses e incluso años a personas privadas de libertad.
El informe más reciente del OVP, denominado “7.414 detenidos en 157 dependencias: la red de cárceles paralelas del CICPC”, permite dimensionar solamente una parte del problema, y es que 7.414 personas permanecen hacinadas en 157 dependencias del CICPC, con una permanencia promedio de 615 días, aproximadamente un año y ocho meses. Una de cada tres supera los dos años detenida.
En este punto es importante precisar que esas 7.414 no incluyen a todas las personas recluidas en calabozos de la PNB ni de las policías estadales y municipales. Entonces, la contradicción resulta evidente, ¿cómo Venezuela mantiene miles de plazas penitenciarias fuera de funcionamiento, mientras espacios concebidos para detenciones transitorias terminan funcionando como cárceles permanentes?
Es por ello que desde el OVP consideramos necesario realizar una auditoría nacional de los establecimientos penitenciarios cerrados o desalojados para determinar cuáles pueden ser recuperados y cuántas plazas podrían volver realmente a estar operativas.
Reabrirlos no significa simplemente abrir nuevamente sus puertas, pues cada establecimiento debe ser evaluado estructuralmente y contar con agua potable, saneamiento, alimentación, atención médica, ventilación, camas, espacios para visitas, áreas educativas y recreativas, personal penitenciario capacitado, además de presupuesto suficiente y verificable.
También debe existir una clasificación adecuada de la población y mecanismos que impidan que los centros vuelvan inmediatamente al hacinamiento. En tanto, la recuperación de infraestructura debe ir acompañada de otra medida indispensable como resolver el retardo procesal y revisar el uso de la prisión preventiva.
En 2025, según cifras de nuestro Informe Anual, más de 75% de la población penitenciaria registrada por OVP estaba procesada; y en las dependencias del CICPC, 6.518 de las 7.414 personas identificadas no tenían sentencia firme.
Ahora bien, no todas las personas que hoy abarrotan una cárcel o un calabozo necesitan simplemente otra celda; por el contrario, muchas necesitan que la justicia finalmente decida sobre sus causas.
Venezuela necesita saber qué ocurrió con cada cárcel cerrada, cuál es su situación actual, cuántas plazas pueden recuperarse y por qué se permitió que miles de plazas quedaran fuera de funcionamiento mientras las cárceles se hacinaban y los calabozos policiales se desbordaban.
Para finalizar, reiteramos que desde el OVP exigimos un plan nacional de recuperación de la infraestructura penitenciaria, acompañado de revisión judicial, capacitación del personal de custodia, descongestión de los calabozos policiales y una política de traslados que preserve la cercanía de las personas privadas de libertad con sus tribunales y sus familias.
La mejor cárcel es la que no existe, pero mientras la privación de libertad siga siendo parte de nuestra realidad, es obligación garantizar los derechos humanos de quienes están tras las rejas. Más aún cuando el sistema penitenciario venezolano, lejos de cumplir con el fin de la pena y procurar la reinserción social, mantiene a miles de personas en condiciones que vulneran su dignidad. Prensa OVP
