Alcaldía de Medellín expulsó a 17 venezolanos por cometer delitos 

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que 17 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de la ciudad y enviados a su país tras ser identificados, según sostuvo, con antecedentes o anotaciones por delitos cometidos en la capital antioqueña.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en X, donde el mandatario local señaló que las personas habían sido vinculadas con casos de hurto, delitos relacionados con estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Gutiérrez afirmó además que tres de los expulsados tenían requerimientos judiciales vigentes en Venezuela.

“Luego de ser identificados con antecedentes y anotaciones relacionados con delitos como hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas aquí en Medellín. Tres de ellos tenían incluso requerimientos judiciales en Venezuela por hurto agravado, homicidio y secuestro. Descarados”, sostuvo Gutiérrez.

Entre las personas expulsadas se encontraba un hombre que, de acuerdo con el alcalde, se presentaba en espacios públicos con indumentaria religiosa para pedir dinero. Gutiérrez afirmó que el supuesto sacerdote era en realidad “un estafador”.

El mandatario compartió el caso como parte de las acciones conjuntas entre la Alcaldía, Migración Colombia y la Policía Nacional, organismos que, según dijo, participan en la identificación de extranjeros que podrían tener causales administrativas o judiciales para abandonar el territorio nacional.

“El que venga a Medellín a trabajar, a invertir y a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido”, escribió Gutiérrez. En el mismo mensaje, advirtió que quienes cometan delitos no tendrán espacio en la ciudad.

Las expulsiones de extranjeros deben ajustarse a los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias, que contemplan la revisión de la situación de cada persona, sus antecedentes y las causales previstas en la normativa colombiana.

Gutiérrez indicó que su administración mantendrá los operativos con Migración Colombia y la Policía para ubicar a personas con causales de expulsión y concretar su salida del país “dentro de la ley”.

El alcalde sostuvo que la estrategia busca reforzar la seguridad en distintos sectores de Medellín. “Aquí manda la ley”, expresó al cierre de su publicación.

Hasta el momento, en el mensaje publicado no se detallaron las identidades de los 17 expulsados, los sectores donde fueron ubicados ni las resoluciones administrativas que respaldaron cada procedimiento.

El 10 de septiembre de 2026, dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos en un operativo en Itagüí bajo la nueva política migratoria anunciada por el Gobierno nacional.

Los dos hombres hacen parte de un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros capturados durante una intervención de las autoridades en ese municipio del Valle de Aburrá. La información divulgada señala que se investiga un posible incumplimiento de la legislación colombiana, según un informe de Canal 1.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, confirmó el operativo y afirmó que los detenidos serán entregados a Migración Colombia para que esa entidad revise su estatus en el país. “Están incumpliendo la ley colombiana”, manifestó el mandatario local.

Torres indicó que el procedimiento contó con participación de la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y el Gobierno de Estados Unidos.

La entidad migratoria deberá estudiar de forma individual la situación de cada detenido y establecer si se cumplen las causales previstas por la normativa. La expulsión no equivale a una condena penal, pues corresponde a una medida administrativa que exige una evaluación previa.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la administración local mantendrá los operativos para detectar irregularidades migratorias y posibles infracciones a la legislación nacional. “Quien no quiera convivir con las leyes colombianas no puede estar en el territorio”, expresó Torres.

El mandatario sostuvo que el trabajo conjunto con la Fuerza Pública continuará en diferentes zonas de Itagüí. Según explicó, el objetivo es ubicar a extranjeros que puedan estar incursos en causales administrativas que permitan una eventual salida obligatoria del país.

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