El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quiere retirar de la educación pública «todo tipo de ideología», en alusión al conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), donde para el ministro de Educación, José Antonio Chang, «solo hubo terrorismo».
Durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, Chang rechazó que al conflicto armado se le pueda calificar de «guerra civil» en el material educativo, y apeló a que únicamente hubo «terrorismo» por parte de Sendero Luminoso y el MRTA, lo que «tiene que señalarse como un hecho histórico, pero no con una connotación ideológica».
«Vamos a retirar de la educación toda interpretación que se haga interesada de la historia. En el tema de la lucha que algunos consideran una guerra civil, cuando en realidad hubo sencillamente terrorismo», sostuvo.
El ministro no hizo mención así a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales como respuesta al terrorismo de estos grupos armados, lo que involucra al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), padre y mentor de la actual mandataria, que fue condenado 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
«Vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello, y que su pensamiento crítico les dé su opinión. No vamos a manejar a través de la currícula ningún tipo de pensamiento», aseveró Chang.
En ese sentido, Fujimori indicó en el mismo acto que «la currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, sino datos, estadísticas e información real».
El conflicto interno se desató en Perú ante el intento de tomar el poder a través de acciones terroristas por parte de Sendero Luminoso, de corte maoísta, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de línea marxista, lo que fue respondido por las fuerzas estatales con gran violencia y múltiples episodios de violaciones a los derechos humanos hacia población civil que estaba en medio del fuego cruzado de ambas partes.
El fujimorismo únicamente condena la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA y defiende a los militares y policías que están procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante ese período, a quienes considera perseguidos por la Justicia.
En 2025, el fujimorismo y otras fuerzas de derecha, con el respaldo de la entonces presidenta Dina Boluarte, aprobaron una polémica amnistía para policías, militares y civiles de los comités de autodefensa que se encontrasen procesados o condenados por actos durante el conflicto armado, lo que los jueces se han negado a aplicar al entender que es inconstitucional.
De acuerdo con informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto armado dejó aproximadamente 69.000 muertos a nivel nacional, la mayoría de ellos a manos de Sendero Luminoso, así como unos 22.000 desaparecidos. EFE
