La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió este miércoles una propuesta, pendiente de votación, para convocar a sus ministros de Exteriores a petición de EEUU que pide «tomar medidas» contra Nicaragua ante las pretensiones de su presidente Daniel Ortega de suspender las elecciones
«Se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva», argumentó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en la iniciativa presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, y patrocinada por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
«Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder», declaró la delegación de Estados Unidos en la sesión extraordinaria en la que pidió respaldo por «no poder ser el único país en tomar medidas serias», agregó Kozak.
La propuesta condena los daños provocados por el Gobierno de Daniel Ortega y propone una reunión de consulta de ministros de Exteriores para determinar «qué hacer», pero una iniciativa «no autoriza el uso de la Fuerzas Armadas», aclaró el subsecretario.
La sesión comenzó con la intervención de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, que alertó de una persecución religiosa y represión política en el país con la que «han instaurado el miedo en la ciudadanía» al intentar silenciar «sistemáticamente» a los nicaragüenses.
«El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización (en 2023), los nicaragüenses no», dijo.
Payá alertó de las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio cuando afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» y de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 28 de julio para ampliar el mandato de la copresidencia.
Durante la intervención, Perú mostró su «profunda preocupación» e hizo un llamado al Gobierno de Ortega a «que desista de realizar acciones que atenten» contra la institucionalidad democrática.
Ecuador valoró que «la facultad de nombrar vicepresidente sin consulta popular corresponde al diseño de una sucesión controlada», mientras Costa Rica pidió actuar con responsabilidad y Argentina rechazó las pretensiones de Ortega.
Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.
Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.
El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.
Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega sentenció durante un acto de masas para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
