Opositores nicaragüenses en el exilio pidieron el martes, 4 de agosto, a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presionar al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a fin de que garantice la celebración de elecciones libres en el país.
La petición fue hecha en la víspera de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que convocó a una reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua, después de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones en su país.
La abogada constitucionalista nicaragüense exiliada Azahálea Solís destacó que los cancilleres vuelven a debatir una crisis de Nicaragua por primera vez desde 1978, cuando lo hizo previo a la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el 19 de julio de 1979.
«No quiero dar falsas expectativas de lo que pueda ocurrir, pero es importante posicionar que Nicaragua está en la agenda pública frente a la cantidad de hechos políticos que hay en el contexto mundial», anotó la opositora.
Solís dijo que, como opositores, con la resolución que salga de esa reunión de cancilleres, van a presionar de manera general y particular «frente a los gobiernos y a las sociedades de América Latina», porque Nicaragua puede ser visto «como el futuro de lo que le puede pasar a otras sociedades» en la región.
Por su lado, el abogado nicaragüense exiliado Juan Diego Barberena dijo a EFE que la OEA por sí sola no puede detener las intenciones de Ortega de excluir a los opositores y críticos con su Gobierno de participar en los comicios, como esta planteado en una propuesta de reforma constitucional.
«Sí de la reunión de cancilleres se derivan una serie de acciones diplomáticas, unilaterales, económicas y políticas de los Estados, si puede generar unas presiones suficientes para que el régimen Ortega Murillo detenga esta andanada en contra de la voluntad popular que la tiene secuestrada desde hace 20 años», valoró.
Esa iniciativa de reforma a la Constitución, presentada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.
Asimismo, eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como «golpistas» o «traidoras a la patria», con el objetivo de «prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder», de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.
«Detrás de esto lo que hay un temor de la dictadura a afrontar un proceso electoral, una comparecencia mínima (…) hay un temor de la dictadura que la ciudadanía se pueda movilizar alrededor de un proceso electoral», comentó Barberena.
Para el jurista, si de Nicaragua antes se hablaba que se estaba consumando una dinastía familiar, la intención ahora es la de instaurar «una monarquía familiar absolutista, típicas del siglo XVIII».
