La respuesta del Estado debe ser más rápida para abordar los problemas económicos del país, sostiene el dirigente empresarial Luigi Pisella, quien forma parte de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos.
En entrevista con el analista Alejandro Terán, el dirigente empresarial Luiggi Pisella destacó que el sector industrial privado venezolano registra un crecimiento sostenido desde 2021. Explicó que el empresariado actual es el mismo de hace cinco años, pero que el entorno ha mejorado gracias al desmontaje progresivo del control de cambio, la política de expropiaciones y las fuertes distorsiones inflacionarias que antes de 2018 descapitalizaron al sector.
El vocero gremial aseveró que el aparato productivo nacional ha demostrado su capacidad de respuesta, logrando sustituir importaciones por producción hecha en el país, un cambio que hoy es plenamente visible en el abastecimiento de los anaqueles. Asimismo, calificó de positivo el diálogo con el Ejecutivo y señaló que las mesas de trabajo con ministros y viceministros buscan alcanzar consensos estrictamente económicos que beneficien a la nación.
No obstante, Pisella advirtió que los tiempos del Gobierno suelen ser más lentos que los requeridos por la dinámica corporativa, debido a que el sector oficial sopesa las variables políticas. Detalló que muchas de las medidas que se ejecutan actualmente corresponden a propuestas gremiales presentadas hace aproximadamente un año, por lo que instó a las autoridades a acelerar de manera urgente la toma de decisiones económicas.
Entre las reformas legislativas prioritarias, el líder industrial solicitó superar las trabas parlamentarias y revisar leyes vigentes como la de Precios Justos, además de evaluar el costo político de los cambios en el ámbito laboral. Del mismo modo, planteó que una mayor flexibilización de las sanciones internacionales ayudaría a desbloquear recursos estratégicos para el país en instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Finalmente, Pisella propuso avanzar con rapidez en la reversión de expropiaciones y en el otorgamiento de concesiones de activos del Estado para redimensionar la administración pública y hacerla más eficiente. Concluyó que el sector privado mantiene su compromiso absoluto de apoyar todas las políticas económicas acertadas que impulsen el bienestar y la inversión social en áreas clave como la salud y la educación.
