Más de 3.300 fallecidos, casi 17 mil heridos y 18 mil damnificados, 190 edificios colapsados, 856 edificaciones con afectación de estructuras; no solo son números, sino cifras que dan cuenta del horror del doble sismo que todos vivimos el pasado 24 de junio.

La enorme destrucción provocada por tal desastre natural ha derivado en una imponderable crisis humanitaria, social y económica. Lamentablemente, los terremotos se dieron en el marco de otra crisis económica y política que Venezuela venía padeciendo en los últimos tiempos. A las penosas circunstancias que ha transitado el país, se suman desde enero de este año, las dinámicas y demandas políticas propias del chavismo, la oposición radical, y también ahora, de los gringos. Sobre estas complejidades políticas “hace equilibrio” el gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez. 

Sueños económicos frustrados

Tras la apertura económica dada por la salida forzada de Maduro y las nuevas alianzas comerciales del país con Trump, también forzadas; se preveía este año ingresos extraordinarios por exportación petrolera de entre 10 y 15 mil millones de dólares, lo que debía traducirse en un crecimiento de la economía venezolana del 8% al 10%. A estas proyecciones favorables, también se sumaba una expectativa de reducción de la tasa de inflación a un dígito a partir de mayo y la estabilización de la tasa de cambio en el segundo semestre del año.

Las esperanzas de recuperación económica durante 2026 bien pueden desvanecerse ante el shock económico provocado por los terremotos que alcanzaría pérdidas netas globales de entre 8 y 10 mil millones de dólares, entre el 8% y el 10% del PIB proyectado. Puede pues entenderse a priori, que, si no se toman las medidas extraordinarias requeridas para recuperar al país, las pérdidas catastróficas vividas, podrían conducirnos a una parálisis económica de Venezuela este mismo año.

¿Qué hacemos?

Solo en términos de reparación y reconstrucción de infraestructura urbana, el daño por los sismos podría costar entre 15 y 20 mil millones de dólares y un período de 2 a 3 años de ejecución fiscal intensiva. No estamos hablando solo de la pérdida de cerca de 20 mil viviendas y de los daños causado a innumerables residencias entre La Guaira y Caracas, sino también de serios compromisos de infraestructura de 38 hospitales y más de 400 escuelas, un tercio de la planta física escolar de la Capital.

El pasado 4 de julio, el gobierno nacional, lanzó “La Gran Misión Venezuela Renace”, en virtud de la cual, se creó un fondo fiduciario de reconstrucción por 200 millones de dólares. Además, se comprende la reactivación la cartera de crédito hipotecario de la banca nacional, así como de exoneraciones y facilidades fiscales para las transacciones de compraventa de inmuebles y la financiación de reparación de edificios. Con esta iniciativa, el gobierno intenta atender las fases iniciales de reparación de infraestructura crítica residencial, vial y del Aeropuerto de Maiquetía. No obstante, estas medidas resultan insuficientes para la recuperación del daño económico producido por los terremotos.

La reconstrucción económica del país debería estructurarse sobre un modelo de financiamiento dual, articulado en acciones internacionales de flexibilización financiera, así como medidas locales orientadas a dinamizar el consumo y el gasto público y a atraer la inversión privada.

Frente internacional

Para movilizar los flujos de capital necesarios para la reconstrucción del país, se requiere una flexibilización urgente de sanciones de la OFAC, de modo que se integre plenamente al sistema financiero nacional con la red bancaria global, así como pedir a las instituciones bancarias internacionales que limiten sus prácticas de “over compliance”, que son tan o más limitantes que las sanciones mismas. Sin esta condición, los mecanismos de transferencia de capitales destinados al pago de contratistas de infraestructura permanecerán bloqueados.

Además, resulta perentorio el agilizar la liberación de los fondos producto de la exportación de petróleo venezolano que se encuentran en control del Departamento del Tesoro de los EEUU, aportando liquidez directa y no inflacionaria a la caja del Estado.

Por otra parte, para el acceso a recursos de organismos multilaterales, el país debe formalizar la solicitud de una misión técnica del FMI para auditar los daños físicos directos y estructurar un paquete de financiamiento blando. Esta medida es prioritaria para viabilizar el acceso inmediato de Venezuela a los 5 mil millones de dólares correspondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG) ante el FMI. De igual forma, debería acelerarse la reestructuración de la deuda venezolana para poder activar líneas de crédito especiales para el desarrollo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y otros organismos competentes.

Frente local

A nivel interno, la reactivación económica depende de sostener el poder adquisitivo de los hogares en un contexto donde el venezolano promedio destina más del 50% de su ingreso total a la compra de alimentos.

Para ello es importante otorgar subsidios directos a víctimas del sismo a través de bonos de emergencia para gastos de alimentación, salud, educación y vivienda de las familias afectadas. Asimismo, deben sostenerse los incentivos salariales especiales a los funcionarios públicos localizados en las regiones de mayor impacto, evitando una merma en el consumo de bienes de primera necesidad.

Por otra parte, como bien propone la “La Gran Misión Venezuela Renace” resulta vital la activación de líneas de financiamiento hipotecario y a la construcción, así como fomentar la contratación masiva de mano de obra local para labores de remoción de escombros, reparación y construcción de infraestructura habitacional, comercial, industrial y de servicios.

Quizás uno de los aspectos más importantes para la activación económica del país, tanto en esta penosa coyuntura como en el largo plazo, es atraer la inversión extranjera directa a través de una agenda de reformas legales y garantías para la empresa privada promovida por el gobierno de transición. Esto bien podría acelerar oportunidades de inversión en sectores económicos estratégicos que presentan una demanda inmediata de capital y retornos potenciales atractivos, como lo son los hidrocarburos, infraestructura, electricidad, minería, alimentos y otros.

Sin mezquindades

La superación de los efectos del doble terremoto del 24 de junio plantea a Venezuela un desafío de reingeniería económica y financiera que trasciende la simple movilización de recursos de emergencia. La recesión prolongada y la crisis política exige que la ejecución de la «Gran Misión Venezuela Renace» y otras iniciativas que impliquen fondos de reconstrucción nacional se manejen bajo estrictos criterios de transparencia, auditoría y concertación con los actores nacionales e internacionales.

En este momento, no caben diferencias políticas ni mezquindades de ningún tipo que socaven la posibilidad de ayudar a las víctimas de los terremotos y al país.

La viabilidad de la recuperación económica de Venezuela dependerá de la capacidad tanto del Ejecutivo, como de todos los actores políticos y sociales, para avanzar de forma paralela en la obtención de mayor flexibilización de OFAC, la resolución de los cuellos de botella de la deuda externa y la consolidación de un marco de seguridad jurídica y facilidades operativas que atraigan inversión extranjera directa.