Personal de la Unidad Médico-Odontológica del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) se concentró en las inmediaciones de la sede institucional para exigir a las autoridades la entrega de un informe técnico avalado por ingenieros o bomberos que garantice las condiciones de seguridad de la estructura tras los recientes movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.
Los empleados, quienes manifestaron su disposición de reincorporarse a sus puestos de trabajo, expresaron su preocupación ante la presencia de daños visibles en las instalaciones, tales como fisuras en las paredes y pisos de los niveles superiores, desprendimiento de cerámicas y tuberías rotas.
«Nosotros no estamos negando a laborar, pero estamos exigiendo el informe de un ingeniero o de los bomberos que nos diga si está acta la unidad. ¿Por qué lo estamos exigiendo? Porque en las instalaciones internamente hay muchas grietas, hay paredes con una fisura bastante pronunciada (…) tenemos video de eso, hay pisos con fisuras, hay tubos que se han roto, y los directivos les exigen a mis compañeros que trabajemos así», declaró Gleisida Luna Julio, enfermera de la institución y delegada sindical del Sindicato de Hospitales y Clínicas.
Luna Julio detalló que, a pesar de los temblores ocurridos el 24 de junio, los trabajadores asistieron de manera regular los días 25, 26 y 29 de junio debido al compromiso con la institución. Sin embargo, precisó que a partir del lunes 29 el personal comenzó a requerir el documento formal de inspección amparados en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), el cual contempla el derecho a la bioseguridad y el resguardo ante condiciones de riesgo.
De acuerdo con el testimonio de la delegada sindical, las solicitudes dirigidas a la directiva local para acceder al informe han sido remitidas a la presidencia nacional del Ipasme sin obtener respuestas concretas hasta el momento. Asimismo, recordó la existencia de un antecedente técnico similar en años anteriores donde el cuerpo de bomberos constató problemáticas internas estructurales que tampoco fueron difundidas formalmente por la administración de ese periodo.
Denuncias sobre servicios e ingresos hospitalarios
Durante la concentración en los alrededores del centro médico, la representación sindical expuso otras presuntas irregularidades administrativas y operativas observadas bajo la gestión de la actual Junta Administradora, instalada desde febrero de 2025.
Entre los señalamientos, se cuestionó la permanencia de seis pacientes en modalidad de ingreso dentro del recinto, incluyendo el caso de una ciudadana trasladada desde el estado La Guaira con diagnóstico de fractura de cadera, señalando que la Unidad Médico-Odontológica está concebida como un centro de carácter preventivo y no como un establecimiento asistencial de hospitalización o cirugía general. De igual forma, los manifestantes indicaron que se han registrado cobros por conceptos de consultas médicas, contradiciendo la gratuidad de los servicios de salud estipulada para el personal dependiente del Ministerio de Educación.
