Un grupo de trabajadores y ONG de Venezuela denunciaron al Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) por la violación de sus derechos a acceder a la justicia, luego de que transcurrieran casi tres años sin una respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la acción de amparo a favor del derecho al «salario suficiente».
A través de un comunicado difundido por la ONG Surgentes, los trabajadores y organizaciones le piden a la ONU que declare admisible esta denuncia, reconociendo la imposibilidad material de obtener justicia en el ámbito interno debido «a la conducta del Estado».
Además, que constate que el Estado venezolano violó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos al incurrir en una denegación de justicia continuada, que exija como medida de reparación inmediata el acceso completo a copias del expediente judicial, su admisión y un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TSJ y que inste al Estado a realizar reformas para evitar el «silencio procesal».
El origen del reclamo, prosigue el comunicado, se remonta al 25 de julio de 2023, cuando los peticionarios interpusieron una acción de amparo constitucional ante el TSJ que buscaba protección frente a las omisiones del Ejecutivo relativas al aumento del salario mínimo, así como frente a la «política de bonificación» del ingreso que «anula, de facto, el derecho a las prestaciones sociales, al bono vacacional y a las utilidades».
«Transcurridos dos años y once meses, el máximo tribunal del país ha respondido con un ‘silencio institucional absoluto'», señalaron las ONG y trabajadores.
Igualmente, dijeron que la Sala Constitucional no ha emitido pronunciamiento alguno de admisión o rechazo del recurso, no ha fijado audiencias y ha impedido «activamente» a los peticionarios el acceso a copias del expediente judicial.
«Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí nos violaron nuestro derecho a la justicia», explicó Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, citado en la nota.
El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en el ingreso mínimo hasta los 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados.
Este hecho generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que el alza se dio a partir de bonificaciones que no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.
Entretanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, lo mismo que reciben los pensionistas.
