El mes pasado, la firma Centerview Partners negoció con el gobierno de Venezuela un contrato por un valor mínimo de 150 millones de dólares para desempeñarse como asesor financiero exclusivo en el proceso de reestructuración de la deuda pública de la nación. De acuerdo con un borrador del acuerdo al que tuvo acceso Bloomberg, esta suma superaría con creces los pagos realizados en acuerdos soberanos anteriores, incluidos los honorarios otorgados a los asesores en reestructuraciones de gran envergadura como la de Grecia.
El borrador del contrato estipulaba unos honorarios correspondientes al 0,1% del total de la deuda en caso de que la reestructuración resultara exitosa, sin establecer un límite máximo monetario. Tomando en cuenta que analistas de Wall Street estiman que la deuda venezolana asciende a entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, dicha comisión representaría un pago de entre 150 y 200 millones de dólares. Adicionalmente, el documento contemplaba una remuneración mensual de 750.000 dólares, más gastos, por tareas que abarcan la elaboración de un análisis económico, el desarrollo de una estrategia de negociación con los acreedores y la función de enlace con instituciones multilaterales.
Fuentes familiarizadas con las negociaciones confirmaron a Bloomberg que el contrato se encontraba en proceso de discusión en los días previos al anuncio del 13 de mayo, fecha en la que se le adjudicó formalmente el mandato a Centerview. Una de estas personas aseguró que el pacto final mantuvo las mismas condiciones financieras, aunque el borrador aclaraba que tales términos podían ser revisados. Por su parte, la firma legal Hogan Lovells también fue contratada por Venezuela como asesor jurídico y para servicios de cabildeo en Estados Unidos, bajo un esquema de tarifa por hora y una cuota fija mensual de 100.000 dólares.
En respuesta a estas informaciones, Centerview Partners, banco de inversión con sede en Nueva York y cuya división de asesoría soberana en Francia remitió la propuesta, desmintió las cifras mediante un comunicado emitido el jueves. La empresa declaró que el contrato aún no ha sido finalizado y que los montos citados exageran notablemente los términos previstos. Asimismo, argumentaron que sus honorarios finales se alinearán con las tarifas de mercado para transacciones de esta complejidad y reflejarán la consulta del gobierno con múltiples partes, con el objetivo de lograr una reestructuración integral y sostenible de la deuda externa.
El proceso se proyecta como uno de los más complejos debido a que la carga de la deuda de Venezuela se incrementó por la acumulación de bonos en mora, préstamos impagos y laudos arbitrales en favor de empresas multinacionales, en un contexto donde el país busca recuperar el acceso a los mercados internacionales tras casi una década de impago. Para avanzar, el gobierno planea elaborar informes económicos y análisis de sostenibilidad que definirán las tasas de recuperación para los acreedores, entre los que figuran tenedores de bonos emitidos por el Estado y por Petróleos de Venezuela, prestamistas bilaterales como China, instituciones multilaterales y corporaciones expropiadas como ConocoPhillips. Actualmente, los bonos soberanos cotizan por encima de los 50 centavos por dólar, sugiriendo una expectativa de recuperación cercana al 30% del total de las reclamaciones.
Finalmente, las funciones de Centerview incluirán la facilitación de evaluaciones económicas y la colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que no ha realizado un análisis formal de la situación venezolana en dos décadas. En la mesa de negociaciones, el banco de inversión deberá interactuar con un grupo organizado de tenedores de bonos que incluye firmas como Fidelity Management & Research, Greylock Capital Management y T. Rowe Price, las cuales cuentan con la asesoría de Houlihan Lokey.
