La ONG venezolana Provea exigió este martes al Gobierno de Delcy Rodríguez, transparencia sobre el megaoperativo que, según la organización no gubernamental, lleva a cabo el Ejército nacional en zonas con enormes reservas minerales en el estado Bolívar, contra grupos armados.
«Solicitamos a la administración de @delcyrodriguezv que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área», publicó la ONG a través de la red social X.
Asimismo, en la misma publicación pidió información sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área.
En este orden de ideas, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el operativo y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población presente en la zona.
La organización señaló que operativos similares en zonas mineras y populares de Venezuela «dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y atropellos contra población civil ajena al conflicto».
Provea también señaló que fuentes cercanas al hecho le confirmaron que la operación «está siendo conducida por efectivos del Ejército» en un «territorio controlado por grupos armados ilegales que operan en el marco del Arco Minero», en el estado Bolívar, donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán.
Según la ONG, el Estado «abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país» y ahora «ese abandono no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública».
«El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que viven en las zonas afectadas por el Arco Minero del Orinoco, como su seguridad, vida, integridad y debido proceso», agregó.
Según la ONG SOS Orinoco y una fuente local que informó a EFE, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó efectivos y helicópteros artillados para desalojar a los líderes de las bandas armadas.
El operativo, del que hasta ahora no hay información oficial, se lleva a cabo dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas, hasta ahora ampliamente controladas por militares y organizaciones criminales.
Una fuente local, que pidió el anonimato por seguridad, dijo a EFE que desde tempranas horas los helicópteros llegaron al yacimiento de oro Las Brisas, al poblado de Las Claritas y el Kilómetro 88 del estado Bolívar y que se escucharon disparos, que causaron zozobra e incertidumbre a la población.
La misma fuente explicó que alias ‘el Juancho’ es «uno de los jefes del sindicato minero (grupo armado) que domina parte de Las Claritas y el kilómetro 88».
El pasado mayo, el Gobierno venezolano informó de una reunión en Bolívar del ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, con los principales organismos de seguridad para establecer planes estratégicos para el Arco Minero.
Recientemente, Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión.
Información de EFE
