Una misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro, describió este martes de «avance judicial clave» el pedido argentino de extradición de un exmando militar venezolano involucrado, un trámite inédito amparado en el principio de la jurisdicción universal.
La Justicia argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según informó el pasado 1 de junio la organización demandante, InterJust.
Verdú fue citado por la Justicia española para este miércoles 10 de junio por videoconferencia para que manifieste si consiente o no su entrega a Argentina, según informaron a EFE en Madrid fuentes jurídicas.
Este exmilitar integra un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciado en territorio argentino en 2023 por la ONG internacional InterJust, por casos de manifestantes muertos debido a brutalidad policial durante la represión de las protestas civiles de 2014 contra Nicolás Maduro.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este martes en un comunicado que se está ante un «avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014».
La Misión recalcó que a través de varios informes «ha expuesto de forma detallada los acontecimiento de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014», producto de investigaciones que buscan «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas en estricto cumplimiento de su mandato».
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas incluyó la utilización de munición real contra manifestantes desarmados, lo que «llevó a un alto número de muertes», y la colusión de las fuerzas estatales, en particular la GNB, con civiles armados, los llamados ‘colectivos’ afines al Gobierno, para atacar y amedrentar a manifestantes.
«Cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, en numerosos casos de violencia sexual», agregó la Misión en su comunicado.
Estas acciones reflejaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las más altas esferas del poder público con el objetivo de silenciar la disidencia y mantener el control político, afirmó la Misión.
