La posibilidad de adelantar en Bolivia un referéndum revocatorio para decidir la permanencia del presidente Rodrigo Paz emerge como una alternativa a la crisis política y social provocada por un mes de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la salida del mandatario.
Una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos se truncó tras la reciente decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) y la federación de campesinos de La Paz de no reunirse con el Gobierno e insistir en la renuncia del mandatario como su «única» demanda.
Otros sectores de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) tampoco quieren dialogar. Alegan que votaron por Paz en los comicios de 2025 y le acusan de marginarlos del Gobierno, además de querer privatizar empresas y servicios, lo que niega el Ejecutivo.
Los bloqueos, que comenzaron el 6 de mayo, han dejado aisladas a La Paz y El Alto y en las últimas semanas se extendieron a otras regiones bolivianas, sin que hayan tenido éxito los dos intentos de desbloqueo realizados por policías y militares.
Una de las alternativas planteadas para resolver el conflicto fue la aplicación de un estado de excepción «sectorializado», aunque el Gobierno ha insistido en que es su «última opción».
Ante la falta de diálogo y soluciones, surgió la propuesta de convocar a un referéndum revocatorio «extraordinario» para el presidente, vicepresidente y parlamentarios como una fórmula «constitucional» para salir de la crisis.
La Constitución boliviana establece que el referéndum revocatorio se puede realizar cuando las autoridades llegan a la mitad de su mandato de cinco años.
Adelantar el referéndum
El diputado Carlos Alarcón, promotor de esta iniciativa, explicó a EFE que su propuesta «excepcional» busca convocar a una consulta popular en los próximos 90 a 120 días.
«Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto», indicó Alarcón, de la alianza Unidad, aunque el parlamentario aclaró que es una propuesta «a título personal» y no de esa fuerza afín a Paz.
Según Alarcón, si el referéndum favorece a Paz, al margen de su permanencia en la Presidencia hasta 2030, se debería apuntar también a la construcción de acuerdos para una «agenda básica» de leyes para reformar el sistema político y económico del país.
En caso de que el mandatario no obtenga respaldo, se debería convocar a comicios y planificar un nuevo proceso electoral en los meses siguientes, agregó.
Esta posición fue respaldada por el excandidato presidencial y exlegislador Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Evo Morales, quien sostuvo que «adelantar el referéndum» es una opción para «evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica».
Sin embargo, los sectores leales a Morales expresaron su rechazo a esa propuesta y reiteraron que la renuncia de Paz es la «única salida» a la crisis.
El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su «inacción» al permitir que el conflicto se agravara y, además, las escasas respuestas que dio para apoyar a la población afectada por los bloqueos.
Silva afirmó que el conflicto ya «tiene un costo político» para Paz, porque ahora el Gobierno «es parte del problema», por lo que consideró que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia.
A su juicio, si el Ejecutivo logra superar esta crisis, deberá analizar una «terminación digna» de su mandato, ya sea mediante un acortamiento del periodo presidencial o sometiéndose a un referéndum revocatorio.
Paz dijo el lunes que «pronto» habrá una solución al conflicto, aunque no explicó en qué consistirá, mientras que los sectores movilizados instruyeron mantenerse en la «lucha» y prometieron habilitar un «paso humanitario» para garantizar la provisión de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal a los hospitales.
