Jubilados y pensionados protagonizaron este viernes una jornada de protesta nacional para exigir al Estado venezolano las condiciones mínimas que garanticen una vida digna, denunciando la precariedad extrema y la falta de respuestas institucionales que afectan a los trabajadores retirados de la administración pública.
La movilización contó con el respaldo y la participación de diversos sectores del sector público, entre ellos los representantes del sistema de justicia. Xiomara Tovar, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial, visibilizó la grave situación que atraviesan los exfuncionarios del sector. «Hoy nos encontramos aquí alzando nuestra voz de protesta por un ingreso digno que nos merecemos después de haberle dado nuestra vida útil al gobierno, al Estado y por ende al Poder Judicial», manifestó Tovar, quien además enfatizó el contraste entre la relevancia de su labor y su realidad actual al recordar que «somos el Poder Judicial, un poder importante y de verdad que estamos en un estado de precariedad».
Por su parte, Pedro García, también vocero de los manifestantes, denunció que el sector en general está «literalmente pasando hambre» ante la imposibilidad de acceder a una alimentación balanceada y proteínas, un panorama que golpea con especial dureza a la tercera edad al estar desprovista de ingresos reales para cubrir la canasta básica.
García coincidió con Tobar en señalar el colapso de los servicios esenciales, colocando como ejemplo la falta de insumos en el sistema de salud público a través de una experiencia personal reciente. «Ayer tuve que llevar a mi esposa al hospital Vargas porque se lesionó un pie, se fracturó unos dedos, y tuvimos que comprar absolutamente todos los insumos, porque evidentemente los médicos no tienen cómo trabajar, sino simplemente ponen la mano de obra», afirmó, destacando que la atención solo fue posible gracias a la solidaridad de amigos y organizaciones gremiales.
Los manifestantes exigen el cumplimiento de una seguridad social integral, amparada en los artículos 80, 86 y 91 de la Constitución Nacional, que establecen el derecho a una pensión justa. Actualmente, la pensión oficial se mantiene en 130 bolívares, un monto que García describió como insuficiente, detallando que «no alcanza ni tampoco esos bonos por la Plataforma Patria», al tiempo que alertó que «la gente se está muriendo de cáncer, de diabetes, de muchas enfermedades que pueden ser tratables y no tenemos el dinero suficiente» para los tratamientos crónicos.
El descontento generalizado también apunta al mecanismo de pagos implementado por el Ejecutivo. Los trabajadores jubilados rechazan que sus ingresos dependan de asignaciones discrecionales y exigen ser reincorporados a las nóminas tradicionales de sus ministerios e instituciones. «No aceptamos que se nos siga pagando por esos bonos a través de la Plataforma Patria, porque ese es un mecanismo de control social discriminatorio», aseveró García, añadiendo que estas asignaciones son retiradas de forma arbitraria.
Finalmente, se denunció la exclusión masiva de beneficiarios del Seguro Social debido a exigencias administrativas como la fe de vida. Los voceros criticaron que se le imponga la carga de la prueba al ciudadano, argumentando que «es el Estado el que debe probar si la persona falleció». Ante estas irregularidades, que afectan a miles de educadores y trabajadores públicos retirados, los manifestantes advirtieron que la indignación es nacional y mantendrán las acciones de calle en todos los estados del país.
