Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato este jueves de al menos 19 personas a manos de hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía, en una finca en el Caribe hondureño, una región golpeada por el narcotráfico y un conflicto agrario que deja cientos de muertos en las últimas décadas.
El portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), Yuri Mora, dijo a los periodistas que en un primer conteo se identificaron «trece fallecidos» y luego, un segundo grupo de «seis personas asesinadas».
La matanza ocurrió en la madrugada de este jueves en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por el grupo armado.
Mora señaló que, una vez realizada la autopsia y la identificación de los cuerpos, estos serán entregados directamente a sus familiares y no serán trasladados al Centro de Ciencias Forenses.
El portavoz de la Fiscalía hondureña advirtió que el número de fallecidos podría elevarse, ya que los peritos forenses «continúan trabajando en la zona».
Las labores de levantamiento e identificación de los cadáveres se han visto obstaculizadas porque los familiares habían movido los cuerpos antes de la llegada de las autoridades.
«La escena criminal ya había sido modificada, debido a que los cuerpos fueron retirados del lugar por supuestos familiares (…), situación que representa una limitante para el procesamiento técnico y científico», señaló la Fiscalía en el comunicado.
La Fiscalía aseguró que este crimen «no quedará en la impunidad» y se agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos en esta conflictiva zona del departamento de Colón, donde hay varias disputas por la tenencia de la tierra.
El conflicto se originó tras la venta de tierras —otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.
Diversos sectores responsabilizan en parte al expresidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido) de haber agudizado la crisis al permitir que varios grupos de campesinos vendieran sus tierras a empresarios.
En 2022, el Gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, aunque los esfuerzos han resultado infructuosos.
Según las autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y del narcotráfico.
Horas después de ese ataque, cuatro policías y un civil fueron asesinados en Omoa, municipio fronterizo con Guatemala, durante un enfrentamiento armado, lo que supone el segundo crimen múltiple en el país este jueves, según informó el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.
Tras registrarse las dos matanzas, el Gobierno de Honduras ordenó la «intervención directa» de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en esas dos regiones del país de forma «inmediata».
