«No existe ningún principio jurídico en el derecho internacional que permita que la nulidad de un laudo sea subsanada por las partes; no se puede subsanar lo que surge de la ilicitud y el fraude», declaró sobre el laudo arbitral de 1899 la procuradora general de la República Bolivariana de Venezuela, Arianny Seijo Noguera, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante las sesiones sobre la controversia territorial del Esequibo.
«Venezuela nunca renunció a la capacidad de invocar la invalidez del laudo, un Estado solo puede invocar la invalidez de un laudo si cuenta con las pruebas», extendió Seijo, quien señaló que la nación venezolana sí dispone de tales pruebas para desestimar esa decisión judicial.
De la misma manera, recordó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 surgió por un proceso de descolonización, en el cual Venezuela y Reino Unido dejaron atrás la cuestión del laudo de 1899.
No obstante, la Procuradora General señaló que Guyana lamentablemente intentó distorsionar el objeto de la controversia para convencer a la CIJ de legitimar el laudo de 1899, el cual surgió a partir del pasado colonial que ambas naciones sufrieron de maneras diferentes.
Precisamente, Seijo Noguera argumentó que afirmar la validez del laudo perpetuaría el legado colonial ilícito y antijurídico que pretende suplantar el Acuerdo de Ginebra; el cual se orienta a la resolución mutuamente satisfactoria de la controversia territorial, como reparación de la injusticia de despojos territoriales cometidos contra Estados soberanos.
