El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, difundió a través de sus canales oficiales un comunicado emitido por la Cancillería en el cual el Estado venezolano manifiesta su «firme protesta» ante las recientes declaraciones del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Según el documento oficial, el Ejecutivo nacional considera que las palabras de Guterres sobre el Estado venezolano «contienen afirmaciones impropias de su alta investidura», señalando además que las mismas resultan «contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas».
Cuestionamiento a la autoridad moral de la Secretaría General
El comunicado de la Cancillería expone una visión crítica sobre la gestión actual de la Secretaría General de la ONU, afirmando que dichas declaraciones reflejan un «progresivo deterioro» de una oficina que, a juicio del Estado venezolano, se ha mostrado «incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad».
En el texto publicado por el canciller Gil, se establece un contraste entre la posición de la Secretaría General ante el contexto internacional y su postura hacia Venezuela: «Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral».
Llamado al cumplimiento de la Carta de la ONU
La misiva diplomática advierte que la organización atraviesa un momento crítico en su legitimidad, señalando que «nunca antes la Organización de las Naciones Unidas había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo». En este sentido, el gobierno venezolano recalca que la Secretaría General no ha logrado «garantizar equilibrio y apego a los principios de la Carta de la ONU frente a los actuales desafíos globales».
Finalmente, el comunicado recuerda el marco jurídico que rige las funciones del Secretario General, haciendo especial énfasis en que el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas obliga a dicho funcionario a actuar con «neutralidad, imparcialidad e independencia«. El Estado venezolano concluye que estos principios son fundamentales para preservar tanto la legitimidad de la organización como el respeto al Derecho Internacional.
