La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la persistencia de detenciones por motivos políticos en Venezuela, exigiendo la liberación inmediata de todas las personas recluidas bajo estas condiciones.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, enfatizó la gravedad de la situación institucional en el país caribeño durante su intervención ante los representantes del organismo hemisférico.
«La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho en Venezuela», denunció Reneaum.
Disputa por el alcance de la Ley de Amnistía
La sesión del Consejo Permanente se produce diez días después de que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el cierre de los procesos de excarcelación vinculados a la ley de amnistía aprobada en febrero de 2026. Esta decisión oficial ha generado severas críticas internacionales.
Reneaum advirtió que, si bien la normativa excluye formalmente las violaciones graves a los derechos humanos, contiene disposiciones susceptibles de ser aplicadas en perjuicio de actores de la oposición. Asimismo, la secretaria ejecutiva contrastó las cifras oficiales con los datos de los organismos independientes:
- Reporte oficial: Las autoridades venezolanas contabilizan más de 8.000 beneficiarios de la norma.
- Registro civil: Organizaciones civiles reportan solo 186 personas con libertad plena.
- Medidas cautelares: Un total de 554 ciudadanos permanecen bajo restricciones judiciales, condición que Reneaum calificó como una «libertad vigilada».
Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal detalló que actualmente persisten 454 presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 poseen nacionalidad extranjera o doble ciudadanía.
Exigencia de la Secretaría General de la OEA
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se sumó al llamado de la CIDH e instó a las autoridades caraqueñas a acelerar, de forma incondicional, las excarcelaciones pendientes para garantizar la estabilidad regional.
«Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita», declaró Ramdin.
La inclusión de este debate en la agenda de la OEA fue solicitada por el embajador de Argentina ante el organismo, Carlos Bernardo Cherniak, quien insistió en la necesidad de que la CIDH realice una visita in situ a Venezuela. El diplomático argentino apuntó que, aunque se percibe «una pequeña luz en Venezuela», esta no representa un escenario de tranquilidad «mientras todos los detenidos y desaparecidos estén en libertad».
