El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso, acudió ante el Consejo Universitario para denunciar lo que calificó como una «nueva arbitrariedad» por parte del Ejecutivo nacional tras los anuncios del 1 de mayo. Acompañado por docentes activos y jubilados, Afonso documentó que el pago del «bono de responsabilidad para sectores estratégicos» excluyó a la gran mayoría del cuerpo docente.
Según los datos presentados por la asociación, este beneficio, denominado por el gobierno para profesionales en áreas estratégicas, solo fue percibido por el 25% de los profesores activos, mientras que el 96% de los jubilados quedó fuera del pago. «En forma deliberada el gobierno dejó de pagarle a 5.336 profesores de 7.100», puntualizó el representante gremial.
Cuestionamientos a la unilateralidad del Ejecutivo
Afonso denunció que el Gobierno nacional ejecutó estos pagos de forma unilateral, sin solicitar nóminas al Vicerrectorado Administrativo de la UCV ni consultar a las instituciones autónomas. El dirigente calificó este proceder como el «cenit del autoritarismo» y un nuevo «allanamiento» a las competencias de la universidad.
«Vinimos al Consejo Universitario a denunciar y documentar una nueva arbitrariedad. El gobierno no solo eludió la Constitución al no fijar un salario mínimo nacional, sino que pagó un bono que en el caso de la universidad solo lo cobró el 25% de los profesores».
El gremialista rechazó la lógica de la bonificación y la distinción de «sectores estratégicos» aplicada por el Estado. Para la Apucv, la universidad en su conjunto representa un área estratégica: «Si un profesor termina un semestre y no tiene un profesional que cargue las notas en control de estudio, no hay periodo lectivo culminado», explicó.
Exigencias y acciones gremiales
Ante esta situación, la asociación solicitó al Consejo Universitario que actúe con firmeza frente al Ministerio de Educación Universitaria para exigir el cese del desconocimiento a las autoridades administrativas de la UCV. Las demandas principales del sector incluyen:
- Inclusión total: Que el bono de responsabilidad pagado el 30 de abril se extienda a todos los docentes, tanto activos como jubilados, sin discriminación.
- Resalarización: Reiterar la necesidad de que los bonos se incorporen al salario para cumplir con lo establecido en la Constitución.
- Reunión ministerial: Solicitar un encuentro categórico con las autoridades ministeriales para tratar el manejo de las nóminas.
Afonso también desmintió la supuesta falta de recursos para un aumento salarial, señalando que existen propuestas técnicas de organizaciones como la CTV y economistas universitarios que sitúan la posibilidad de un salario mínimo entre los $80 y $200 mensuales.
Finalmente, el presidente de la Apucv advirtió que el sector se mantiene en conflicto abierto, tal como se declaró en la asamblea del pasado 15 de abril. Denunció que las políticas actuales parecen estar orientadas a «paralizar las universidades» y que los docentes han tenido que buscar empleos externos para sostener sus actividades académicas.
«Los conflictos universitarios pueden derivar en cualquier forma. Ya es bastante el atropello, es continuado el abuso que existe en relación al cuerpo docente en general».
El gremio sostiene que continuará con las asambleas de profesores y acciones de calle para exigir el respeto a su condición de patronos por parte de las autoridades universitarias y el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.
