Una investigación realizada por el Instituto Cato reveló que la aprobación de tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como green cards, se redujó casi a la mitad desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump. De acuerdo con el informe elaborado por David J. Bier, director de Estudios de Inmigración de dicha institución, esta disminución coincide con un incremento en los arrestos migratorios, los cuales se han triplicado en el mismo periodo.
Basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el estudio detalla que en enero de 2026 se aprobaron 34.000 tarjetas de residente, una cifra menor frente a las 65.000 otorgadas en enero de 2025. En contraste, las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ascendieron a más de 38.000 migrantes durante el primer mes de este año, superando los 12.348 arrestos registrados en el mismo mes del año anterior.
El informe indica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha suspendido el procesamiento de diversas solicitudes de residencia. Según el autor de la investigación, esta medida ha permitido que el ICE proceda con el arresto de personas que anteriormente contaban con protecciones, incluyendo refugiados, beneficiarios de protección condicional y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Factores que limitan el estatus legal
La investigación atribuye la caída en las concesiones de green cards a varios factores estratégicos y administrativos:
- Bloqueo de cambio de estatus: Se ha impedido que inmigrantes que ya residen en el país, como refugiados y beneficiarios de parole humanitario, realicen la transición a residentes legales de largo plazo.
- Restricciones familiares: Las aprobaciones de tarjetas patrocinadas por familiares residentes en EE. UU. han registrado una disminución del 20 %.
- Suspensiones por países: El estudio señala el impacto de la orden presidencial de diciembre pasado, que inicialmente suspendió trámites migratorios para 19 países (como Cuba y Venezuela) y que este año se extendió a un total de 40 naciones, incluyendo a Nicaragua.
El análisis del Instituto Cato asocia la menor tasa de aprobaciones de residencia con la campaña de deportaciones masivas de la actual administración. Bier sostiene en el documento que impedir que los inmigrantes reciban o extiendan su estatus legal es una condición necesaria para facilitar su remoción del país.
El informe concluye que la suspensión de estas vías legales ha permitido al ICE incrementar los arrestos de individuos que, bajo otras circunstancias, habrían mantenido un estatus legal o habrían estado protegidos frente a detenciones por parte de las autoridades migratorias.
