Estados Unidos donó tres botes Zodiac valorados en 1,2 millones de dólares como parte de su apoyo a El Salvador en la lucha contra el narcotráfico, informó este viernes la Embajada estadounidense.
Los botes, gestionados a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), serán utilizados por miembros de la Fuerza de Policía Marítima Costera (STORM) de El Salvador para «fortalecer los esfuerzos contra el narcotráfico en aguas costeras».
«Hoy entregamos tres embarcaciones especializadas al equipo STORM, las cuales fortalecerán su capacidad para patrullar las aguas litorales, detectar e interceptar las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes y cerrar puntos críticos del tránsito ilícito”, dijo Naomi Fellows, la encargada de Negocios de la Embajada, según una nota de prensa.
Apuntó que esta entrega se alinea con las prioridades de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en todo el hemisferio occidental «encaminadas a combatir frontalmente el tráfico de estupefacientes», y «marca un paso más en la sostenida y exitosa cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador en este tema».
De acuerdo con la embajada de EE.UU. este nuevo apoyo se entrega a un año de que el STORM incautara más de 2,8 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos.
En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas por El Salvador, con un valor de más de 618,7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones.
La Administración de Trump, además de extender su cooperación para el combate del narcotráfico, ha elogiado la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que radica en la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas y al que se le atribuye la reducción de homicidios en el país.
Dicho régimen se encuentra vigente desde marzo de 2022, pero es señalado de violar derechos humanos y organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
