El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó este jueves que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según la ONG Foro Penal.
«Como mencionamos desde que fue aprobada, la Ley de Amnistía era insuficiente y excluyente», manifestó PJ a través de una publicación en su cuenta de X.
En este contexto, la formación reafirmó su compromiso con la consolidación de una transición en el país que, subrayó, solo podrá dar por iniciada cuando «todos los presos políticos, civiles y militares obtengan libertad plena».
«Exigimos que se haga justicia y sea reparado todo el daño que han sufrido las víctimas y sus familias por tantos años», manifestó PJ.
Varias ONG rechazaron este jueves el anuncio del «fin» de la amnistía, al considerar esta decisión como «arbitraria e inconstitucional», ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo «haya decidido que ya no lo está».
Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar «mediante otra ley de igual rango» dictada por el Parlamento o a través de una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La mandataria no dio detalles, ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Información de EFE
