Desde la Casa Rosada en Buenos Aires, el presidente chileno José Antonio Kast ha trazado una línea clara en su política exterior y migratoria: el fin de la «puerta abierta» para la migración irregular. Con el reciente cambio de régimen en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Kast considera que las condiciones están dadas para que la comunidad venezolana en Chile, la más grande del país con cerca de un millón de personas, inicie un retorno ordenado.
El mandatario ha sido explícito al señalar que la tolerancia hacia quienes ingresaron de forma clandestina ha terminado. En su retórica, la salida voluntaria no es solo una opción, sino una invitación para evitar consecuencias legales permanentes.
«Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente (…) es una advertencia para que las personas cumplan la ley», enfatizó Kast.
Añadió además que, si no se acogen a esta medida, «esa posibilidad de vivir en Chile se va a cerrar definitivamente», sugiriendo que quienes salgan ahora por cuenta propia podrían, eventualmente, reiniciar una solicitud de residencia desde cero bajo los nuevos marcos legales.
A pesar de la voluntad política, la logística de expulsar a miles de personas presenta desafíos monumentales. Kast ha planteado la creación de un corredor humanitario terrestre que atraviese países como Perú y Colombia, una medida diseñada para agilizar el flujo de salida mientras se normalizan los vuelos hacia Caracas.
- Vuelos de deportación: El mandatario confía en que la presidencia interina de Delcy Rodríguez facilite la reactivación de puentes aéreos para repatriaciones masivas.
- Coordinación regional: Kast destacó que la captura de Maduro es el catalizador necesario para que la región restablezca relaciones consulares efectivas, permitiendo gestionar de manera técnica la crisis migratoria.
Sin embargo, el enfoque de Kast genera una honda preocupación entre los venezolanos residentes en Chile. Organizaciones de migrantes y partidos de la oposición venezolana, como Un Nuevo Tiempo (UNT), han manifestado su temor de que estas medidas deriven en una «persecución».
La reciente decisión de su gobierno de frenar la regularización de 182.000 migrantes que ya se habían empadronado ha dejado a miles en un limbo legal. Para muchos venezolanos, el retorno voluntario sigue siendo incierto debido a la falta de gobernabilidad y estabilidad económica que aún persiste en su país de origen, a pesar del cambio en el liderazgo ejecutivo.
«Todo esta situación genera muchísima incertidumbre», han expresado residentes afectados, quienes ahora temen que los datos entregados durante el empadronamiento sean utilizados para facilitar sus propias expulsiones.
El mandatario concluyó su intervención asegurando que no busca generar una «conmoción social», pero fue firme en que su administración actuará «paso a paso» para enfrentar lo que denomina «incivilidades» en el territorio nacional, situando la migración irregular en el centro de su agenda de seguridad nacional.
