Devolver las propiedades expropiadas a sus antiguos dueños, o negociar con ellos el pago de la indemnización correspondiente, le parece al empresario Vicente Brito un camino lógico a seguir en la actual coyuntura nacional. Brito, presidente de la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución. «Para mí, en Venezuela comenzó un cambio indetenible desde el punto de vista político, económico y social. Es una dinámica que uno observa y que va a ser definida de una forma democrática por la vía electoral», comenta.
Brito considera que en la medida en que se actualice el marco jurídico «la gente va a usar mecanismos legales para recuperar su propiedad». El gobierno, a su juicio, debe estudiar cuáles son las propiedades que debe preservar, «y para ello debe cancelar el valor de la propiedad a sus legítimos dueños».
La evaluación debería estar a cargo, resalta, de una comisión de alto nivel en la que estén representados el Estado y los empresarios afectados.
-¿Usted ve más viable la recuperación?
-El Estado tiene que manejar las dos cosas. A lo mejor en un edificio que ya está ocupado, que ya está habitado por gente, el Estado puede hacer un programa para que la gente compre. Aquí no se puede regalar, sino financiar para que la genta su apartamento, y el Estado les paga a los dueños. Usted queda pagando lo que corresponda, y se convierte en propietario. Porque hoy, en estas condiciones, son ocupantes.
-¿Habría que evaluar caso por caso?
-Cada caso está evaluado, porque cada empresa, cada finca, cada hato afectado, cada edificio afectado y cada terreno ocupado están a la vista. Pero lo más preocupante es que la mayoría de esas propiedades están abandonadas.
-¿Cuántas están abandonadas?
-Abandonadas total o parcialmente, buena parte. Y lo podemos ver con la situación de las empresas básicas y las cementeras.
-¿Qué haría con ellas?
-Volver a un proceso de recuperación.
-¿Privatizarlas?
-El Estado tiene dos mecanismos: puede preservar la propiedad de los activos y dar la gestión a la empresa privada; o los puede vender, como anteriormente se hizo con Sidor, Cantv y empresas eléctricas.
-¿Qué debería preservar el Estado?
-En todos los países que están creciendo a escala mundial, y que tienen mayores capacidades para el crecimiento humano y mayores niveles de felicidad, el Estado es prácticamente dueño de nada; solo cobra impuestos. El manejo de las empresas públicas está a la vista.
-¿Por qué piensa que ha sido tan malo el manejo?
-Porque si usted crea una gerencia política, y no técnica, esos son los resultados que obtiene. No se puede poner a funcionarios a gerenciar. Una cosa es ser diputado o alcalde, y otra cuestión es ser gerente o presidente de una empresa. No puedes poner a una persona que no tenga la calificación técnica y gerencial al frente de una empresa.
La Red respalda la postura de Cedice, «que está presentando un proyecto de ley de reposición de activos empresariales a sus legítimos dueños, actualmente en discusión, que nos parece lo más acertado en este momento».
-Usted habla de seguridad jurídica. ¿Qué se necesita?
-Tenemos una ley de hidrocarburos y una ley de minas en las que está la seguridad jurídica para los inversionistas en esas áreas, pero ¿y el resto de la economía?
-¿Cómo debería manejarse?
-Debe aplicarse un estamento legal en el que se respete la propiedad privada, y que exista un marco constitucional que lo garantice.
-¿No está en la Constitución?
-¿Pero se aplica? El primer violador del marco legal ha sido el gobierno, cuando ha propiciado invasiones, toma de empresas y de propiedades privadas. En este momento se deben llevar adelante estas medidas.
-¿Necesitamos apoyo internacional para este proceso?
-No creo, porque es un proceso interno nuestro. Pero debe ser definido entre el Estado y los propietarios afectados.
-¿Hay un estimado de pérdidas?
-Puede estar entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, por la cantidad de propiedades afectadas. Solamente en el área metropolitana de Caracas son más de mil inmuebles afectados.
-¿Todos deben regresar a sus propietarios?
-Si usted tiene un edificio que está ocupado, el Estado hace un avalúo y cancela, entonces el Estado puede llegar a un acuerdo con los ocupantes para venderles su apartamento con financiamiento como fue con Banco Obrero y, después, el Inavi.
