En el marco de la segunda discusión de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional, el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa destacó los avances estructurales del proyecto, pero enfatizó que «la normativa será letra muerta si no garantiza la preservación ecológica y un impacto directo en la crisis social que atraviesa el país».
Correa señaló que la «ley introduce figuras clave como el Banco Nacional del Dato Geoscientífico Minero y la Superintendencia Minera, órganos que tendrán la responsabilidad de regular la explotación de recursos».
«Son dos entes que van a regular la conducta de la explotación minera en Venezuela. Esto es de gran importancia, pero debe ir de la mano con el respeto estricto al entorno», afirmó.
En ese sentido, el parlamentario hizo un llamado urgente a no excluir a las comunidades indígenas del proceso de toma de decisiones, recordándoles como los guardianes originarios del territorio.
Minería con rostro social
Para Correa, la actualización de la ley es un motivo de celebración siempre y cuando los ingresos generados tengan un destino claro: el sector social. Propuso formalmente que los beneficios provenientes tanto de la minería como del petróleo se dirijan prioritariamente a:
1. Jubilados y pensionados: Para garantizar una vida digna tras años de servicio.
2. Gremio docente: «Los maestros en Venezuela son de los peor pagados; ellos deben ser beneficiarios directos de estos recursos», sentenció.
Por último, el diputado Correa defendió un modelo legislativo basado en el entendimiento, asegurando que su voz se alzará para exigir que la consulta pública sea permanente.
