Advierten que brecha cambiaria y leyes laborales «confiscatorias» frenan a la pequeña y mediana industria

La cámara industrial enfatiza que, sin una revisión profunda de estas rigideces legales y una unificación efectiva del mercado cambiario, la recuperación de la pequeña y mediana industria seguirá siendo limitada frente a las necesidades de consumo del país

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El sector industrial de la pequeña y mediana empresa en el estado Miranda enfrenta un escenario de alta complejidad donde la inflación ha dejado de ser el único protagonista. Según Bernardo Calvo, presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda (CAPMI), la sostenibilidad de las empresas está actualmente amenazada por la creciente brecha cambiaria y una legislación laboral que califica de «confiscatoria».

Calvo explicó que, aunque el dólar se ha adoptado como referencia de precios, la distorsión entre el tipo de cambio oficial y el real impide una solución definitiva. Esta brecha obliga a las industrias a adquirir divisas a tasas superiores para mantener la operatividad, lo que impacta inevitablemente en el consumidor final.

«No estamos inflando los precios; estamos compensando la distorsión monetaria. El empresario no puede subsidiar la brecha que genera el Estado», sentenció el directivo.

Para el representante gremial, una brecha cambiaria descontrolada no solo desarticula las estructuras de costos, sino que causa un daño «irreparable» al poder adquisitivo de los ciudadanos y mina la confianza en la moneda nacional. Esta situación, asegura, dificulta cualquier intento de planificación a mediano o largo plazo para los industriales mirandinos.

Ante esta realidad, CAPMI ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas que buscan destrabar el mercado laboral y financiero:

  • Eliminación de la inamovilidad laboral: Calvo sostiene que esta medida, concebida originalmente como temporal, se ha transformado en un obstáculo para la generación de nuevos empleos. Argumenta que la «libertad de contratación tiene que ser la misma que la del despido» para permitir la movilidad necesaria en el mercado.
  • Reforma al cálculo de prestaciones: El gremialista critica el sistema actual basado en el último salario. Según Calvo, esto obliga a las empresas a pagar montos que no pudieron ser reservados en su momento debido a la devaluación, lo que convierte el proceso en algo «confiscatorio» para el patrimonio de la empresa.
  • Fondo de Prestaciones Actualizado: CAPMI propone que el Estado, al ser el responsable de la política monetaria y la devaluación, asuma la reparación del valor perdido de los ahorros de los trabajadores utilizando para ello la renta petrolera.

La cámara industrial enfatiza que, sin una revisión profunda de estas rigideces legales y una unificación efectiva del mercado cambiario, la recuperación de la pequeña y mediana industria seguirá siendo limitada frente a las necesidades de consumo del país.

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