El diputado Omar Ávila manifestó su opinión sobre la reciente promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero de 2026. Este instrumento legal, que se presenta como una amnistía «general y plena», busca «fomentar la paz social, la reconciliación y la reintegración a la vida pública, abarcando un período que va desde 1999 hasta 2026».
Ávila: La Ley de Amnistía 2026 es una oportunidad para la Convivencia Democrática
«Aunque la ley tiene buenas intenciones, su éxito dependerá de su capacidad para reconstruir la confianza en el Estado de Derecho y evitar que los conflictos políticos se resuelvan mediante la violencia o medidas punitivas», señaló Ávila.
En este sentido, destacó que el periodo comprendido entre 2002 y 2004 marcó un hito en la historia política de Venezuela, caracterizado por la confrontación institucional.
«La amnistía, al incluir hechos significativos de esos años, busca sellar un capítulo histórico y promover una nueva etapa de convivencia», destacó.
El diputado también hizo hincapié en que, a pesar de los avances, la aplicación de la ley debe ser uniforme y libre de arbitrariedades. En ese particular, resaltó los casos recientes de figuras políticas como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano, quienes fueron liberados en el contexto del proceso de excarcelación
«La situación de Guanipa, con un recorrido más inestable en su liberación, pone de manifiesto la necesidad de reglas estables y consistentes en la aplicación de la amnistía», afirmó.
Asimismo recordó que la «Ley de Amnistía no solo aborda episodios históricos específicos, sino que también cubre más de una década de eventos políticos conflictivos».
Igualmente Ávila planteó la importancia de determinar si esta ley representa un esfuerzo genuino por reinstitucionalizar el país o si es simplemente una medida temporal para manejar el conflicto.
El también secretario general nacional de Unidad Ision Venezuela, trajo a colación el lamentable caso del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció bajo custodia en diciembre de 2025.
«Este incidente subraya la urgencia de que la amnistía llegue a tiempo para todos y no solo para algunos», destacó.
Desde la organización política que dirige, Ávila hizo un llamado a los tribunales y comisiones para que se aseguren dos condiciones mínimas: una aplicación uniforme y verificable de la ley, así como la creación de un sistema cívico que reconozca a las víctimas y sus familias que no han recibido ningún beneficio debido a las circunstancias que han enfrentado.
«La Ley de Amnistía 2026 debe ser vista como una oportunidad para reiniciar la convivencia política en Venezuela y no como un simple paréntesis que pospone tensiones estructurales». Concluyó.
