La Ley de Amnistía es mucho más que una ley: es la esperanza para centenares de familias que esperan retornar a una vida normal.
Como lo precisó el presidente de la comisión de seguimiento de la norma, el legislador Jorge Arreaza (PSUV), una de las subcomisiones se encarga de los llamados casos especiales. El diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copei e integrante de esa subcomisión, explica que han recibido unas 3.300 solicitudes por este concepto.
«Hemos encontrado casos de personas que han confundido la Ley de Amnistía de manera sana; piensan que la Ley de Amnistía es una amnistía general, que no es nada más el tema político», indica Alvarado. Por eso Copei «inició un proceso de atención a la ciudadanía para dar a conocer el contenido de la ley, cómo opera la ley, cómo funciona la ley, y para ponernos a la orden para que esos casos que requieren ese tipo de asesoría» efectivamente la reciban.
La subcomisión se ha encontrado con solicitudes de familiares de presos por delitos comunes, que no están contemplados en la ley. Por ejemplo, peticiones como: «Mi hijo tiene 12 años, le faltan nueve, ha cumplido más de la mitad, tiene buena conducta». Esos, señala el parlamentario, «son casos muy difíciles que están excluidos de la ley».
Como lo refiere, «uno a veces no encuentra cómo decir no».
¿Cómo quedarían los policías metropolitanos del caso Puente Llaguno, de abril de 2002? «De los casos de los militares hay un gran porcentaje que son manejados por los tribunales militares. Sin embargo, los tribunales militares ya tomaron algunas decisiones para la liberación de 31 personas que se encontraban en esta condición. Hay que hacerles llegar esta información a los familiares de militares y de funcionarios de órganos policiales: hay tribunales que han manejado sus casos en la materia civil, que no están en los tribunales militares».
Alvarado pide que «no hagamos un automático de la negativa de que alguien pueda gozar de la Ley de Amnistía. Nuestra recomendación es acudir, activar el mecanismo, buscar a su abogado, y que el abogado sea quien logre el procedimiento judicial que se contempla en el artículo 11 y en su artículo 12».
El dirigente copeyano refiere que si un solicitante recibe negativas, tiene la opción de la subcomisión. «Te repito, no hay puerta cerrada a la posibilidad de la reconciliación. La figura, por cierto, del indulto presidencial también está allí sobre la mesa y lo dijo la propia presidenta de la República».
-Pero no se ha materializado todavía.
-No se ha materializado porque se espera primero que la ley haga su primer trabajo. Hay que destacar que esta ley tiene dos semanas y ya hemos logrado más de 5 mil libertades plenas de más de 9 mil solicitudes, lo que no quiere decir que las otras no aplican. Las otras están en procesos de revisión, y a eso hay que agregarle que todavía están en el proceso en que los jueces están desarrollando los expedientes, buscando los expedientes. Nosotros tenemos una buena expectativa, muy alta expectativa. Estas cifras te dejan la indicación de que lo que hemos hecho ha sido lo correcto; de que los factores que nos oponemos al partido de gobierno, siendo minoría en la Asamblea Nacional, lo logramos.
Alvarado asevera que el proyecto de ley enviado por el ejecutivo sufrió cambios considerables: «Por lo menos en un 20 % y 25 % del contenido de los artículos; inclusive, a los artículos se les dio otro tipo de estructura jurídica, pero también cargada de bondad política, de manera que todos pudieran tener algún tipo de beneficio. Leyes como la amnistía, por ejemplo, del presidente Chávez de 2007 y del propio Caldera en el proceso de la pacificación no lo contemplaban. Ahí eran los que estuvieran a derecho. Si usted estaba derecho, usted gozaba del beneficio de la ley. Era muy tajante, era muy específico. Y en este caso no es así. En este caso es un proceso muy flexible; extremadamente flexible, diría yo».
-El caso de los policías metropolitanos, ¿ustedes lo evaluarían?
-Mira, nosotros lo evaluaríamos. No nos ha llegado nada a esta comisión en relación al caso de los policías metropolitanos. Tengo entendido que de todo el grupo que existió inicialmente ya más de la mitad han sido liberados. Hay dos o tres que todavía están detenidos. Hay que revisar el caso de ellos. Ahí hay que destacar varias cosas. Ellos fueron acusados y fueron juzgados por señalamientos que tenían que ver con el homicidio, tenía que ver con violaciones de derechos humanos. Ellos ya han cumplido mucho más de la mitad de la condena que les habían colocado, porque están detenidos desde 2003, 2004, ya han pasado más de 20 años. Creo que todo eso es posible evaluarlo, pero no ha llegado nada a la comisión.
Reitera que la comisión de la AN «no toma decisión, pero se hace la recomendación, y nosotros, al tener la información de cualquier caso, bien sea el de los policías u otros casos en particular, lo vamos a evaluar con la mayor consideración posible. Vamos a hacer una recomendación muy apegada a la posibilidad del principio fundamental de darle siempre un beneficio a la persona que se encuentra privada de libertad». En ese sentido, «elevaremos a la presidenta de la República y que sea a través de la figura del indulto la posibilidad de que esto sea tomado en consideración».
