El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió este sábado que los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada esta semana en Venezuela se extiendan a todos los presos políticos «sin discriminación ni exclusión».
«Seguimos exigiendo que los beneficios de esta ley se extiendan a todas las personas detenidas por motivos políticos, sin discriminación ni exclusión», manifestó la organización en un comunicado publicado en X.
Asimismo, pidió que se revisen los casos «de manera transparente» con participación de las víctimas, que se eliminen todas las medidas restrictivas y que se establezcan «garantías verificables» para «satisfacer los estándares internacionales de derechos humanos».
La ONG reconoció que la Ley de Amnistía puede «generar avances parciales» y que gracias a ella «pueden producirse liberaciones», así como medidas que «alivien situaciones de sufrimiento extremo».
Sin embargo, rechazó que los posibles avances se utilicen «como un relato definitivo», mientras haya presos políticos encarcelados y se mantengan prácticas en el país que calificó como «represivas».
«La amnistía solo es válida si garantiza el desmontaje del sistema represivo y condiciones reales y seguras para el regreso de las personas exiliadas», señaló.
Este sábado, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que en el país se están dando «cientos de liberaciones» derivadas de la Ley de Amnistía, sin precisar cuántos casos ni las identidades de los beneficiados.
Rodríguez informó que la comisión parlamentaria de seguimiento a la amnistía ha recibido 1.557 solicitudes de liberaciones y señaló que las autoridades están considerando «medidas de gracia» e indultos del Ejecutivo para las personas excluidas de la ley.
La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.
Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
El Gobierno, por su parte, asegura que en el país no hay presos políticos, sino que son personas que cometieron delitos.
