Empresas petroleras europeas con presencia histórica en Venezuela, entre ellas la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, iniciaron gestiones formales ante el Gobierno de los Estados Unidos para obtener licencias que les permitan exportar crudo venezolano. Según informaron fuentes de la industria a Reuters, esta solicitud surge tras la reunión mantenida la semana pasada en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump instó a los ejecutivos del sector a invertir en el país sudamericano.
La intención de estas compañías es restablecer un modelo operativo similar al que funcionó hasta el primer trimestre de 2025. Bajo ese esquema, las empresas recibían cargamentos de petróleo de PDVSA como mecanismo de recuperación de deudas acumuladas, destinando el crudo a sus refinerías en Europa o a otros clientes internacionales, mientras suministraban combustibles esenciales para el mercado interno venezolano.
Un giro en la política energética regional
La suspensión de estas actividades ocurrió en mayo de 2025, cuando la administración Trump revocó los permisos especiales y exenciones que permitían a las trasnacionales operar a pesar de las sanciones. Sin embargo, el escenario ha dado un giro tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el anuncio de que Estados Unidos controlará los recursos energéticos del país «indefinidamente».
- Participación estratégica: Para Repsol, Venezuela representa aproximadamente el 15% de sus reservas probadas totales, con una exposición patrimonial que superaba los 330 millones de euros a mediados del año pasado.
- Inversión inmediata: El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, aseguró recientemente que empresas como Chevron, Shell, Repsol y ENI se han comprometido a elevar de inmediato su inversión y producción tras los diálogos en Washington.
Las fuentes consultadas indican que el objetivo de las petroleras europeas es monetizar la producción almacenada y las deudas pendientes de PDVSA mediante el intercambio de crudo por productos refinados. Este sistema, conocido como oil-for-debt (petróleo por deuda), permitiría a compañías como Maurel & Prom, que operaba activamente en el Lago de Maracaibo, retomar sus niveles de producción previos, que promediaban los 10,000 barriles diarios antes del cese de operaciones.
A pesar de las gestiones, el Departamento del Tesoro de EEUU aún no ha confirmado públicamente la aprobación de estas nuevas licencias. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense ha decretado una «emergencia nacional» para proteger los ingresos por las futuras ventas de petróleo venezolano en cuentas del Tesoro, evitando así que los fondos sean reclamados por otros acreedores internacionales de la deuda externa del país.
