Un juzgado peruano de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó el archivo definitivo de juicio por lavado de activos y organización criminal contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, proceso que había sido anulado hace un año, según una resolución compartida por su abogada Giuliana Loza.
La decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al ejecutar una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC), fue compartida por Loza en su cuenta de la red social X con el comentario de que «no hubo lavado de activos ni organización criminal«.
«El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal», afirmó la abogada de la líder del partido Fuerza Popular.
Según el fallo del juez Wilson Verastegui, difundido por la prensa local, el TC determinó que los hechos imputados en el denominado «caso Cócteles» carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad.
De acuerdo al magistrado, la modalidad de «receptación patrimonial» considerada dentro del delito de lavado de activos fue incorporada al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, razón por la cual no se puede imputar ese delito por los presuntos aportes irregulares a favor de Fuerza Popular en las campañas electorales de 2011 y 2016.
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba vigente al momento de los hechos, acotó.
El archivo del proceso se extiende además a otros líderes del partido fujimorista como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, además del partido Fuerza Popular.
Sin embargo, el juzgado decidió mantener las imputaciones por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Fujimori y otros miembros del partido, motivo por el cual devolvió el pedido fiscal para que se emita un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos.
La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) era investigada por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, que la enfrentaba a una posible condena de 30 años de cárcel, pero hace un año la Corte Superior Nacional ordenó dejar sin efecto ese juicio y devolvió el caso a la etapa intermedia.
Recientemente, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a favor de Fujimori que dejaba la acusación sin mayor recorrido, al mantener que la omisión de aportes recibidos para la campaña electoral en las declaraciones ante las autoridades de control no era delito en el momento de los hechos.
Actualmente, Fujimori lleva adelante su cuarta candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de abril próximo.
Este martes también se informó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del la Fiscalía de Perú suspendió del cargo, por el plazo de seis meses, al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez por presuntas infracciones administrativas graves en su labor al frente de la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori.
La resolución de la ANC resolvió aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo de Pérez en el cargo de fiscal provincial por el plazo de seis meses, tiempo durante el cual estará impedido de ejercer las atribuciones propias de su puesto en la Fiscalía.
Esta sanción responde a las presuntas infracciones administrativas graves atribuidas a Pérez como integrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato, que investigaba los escándalos de corrupción promovidos por la empresa brasileña Odebrecht, después de la anulación del juicio contra Fujimori y decenas de militantes de su partido Fuerza Popular en el denominado «caso Cócteles».
