La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
«Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», señaló Niang.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.
El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.
El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una «oportunidad única» para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
