La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos subrayó este lunes que la sentencia contra la ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina es «un momento importante para las víctimas de las graves violaciones cometidas durante la represión del año pasado», pero lamentó que se le imponga la pena capital, a la que el organismo «se opone en todas las circunstancias».
«Hemos abogado repetidamente por que todos los procesos de rendición de cuentas cumplan con los estándares internacionales de debido proceso y juicio justo, algo particularmente vital cuando, como ocurre en este caso, los juicios se han llevado a cabo in absentia y han derivado en una sentencia de pena de muerte», señaló en un comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
La fuente agregó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, «espera que Bangladés avance hacia un proceso integral de esclarecimiento de la verdad, reparación y justicia como camino hacia la reconciliación nacional y la sanación».
«Esto debería incluir una reforma significativa y transformadora del sector de seguridad, que respete los estándares internacionales, para garantizar que estas violaciones nunca se repitan», indicó Shamdasani, quien también transmitió el llamamiento de Türk a la calma y a que «todos ejerzan contención ante estos acontecimientos».
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés condenó a pena de muerte a la ex primera ministra por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión e huida a India.
Según el fallo, la condena capital contra Hasina corresponde a su responsabilidad en el tiroteo y asesinato de seis manifestantes desarmados en Daca el 5 de agosto del año pasado, uno de los episodios más graves de la represión del levantamiento estudiantil.
Sheikh Hasina, líder histórica de la Liga Awami y la primera ministra que más tiempo ha gobernado Bangladés, dejó el poder en agosto de 2024 tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que forzó su dimisión el 5 de agosto y su posterior huida a la India, donde permanece desde entonces.
La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.500 personas murieron durante la denominada «Revolución de julio», tras la cual asumió un Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.
