La Corte Penal Internacional (CPI) apartó al fiscal Karim Khan de la causa contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, al considerar que su actuación previa en 2018, cuando ayudó a presentar una comunicación en nombre de víctimas de Filipinas, crea una “apariencia razonable de parcialidad” que puede afectar a su imparcialidad en el proceso.
La Sala de Apelaciones de la CPI responde así a la solicitud de la defensa de Duterte, que había pedido el pasado 6 de agosto la inhabilitación del abogado británico, alegando un “conflicto de intereses” porque Khan, antes de ser fiscal de la CPI, ayudó a un grupo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Filipinas y participó en la comunicación que impulsó la apertura de la investigación actual ante la Corte.
La Sala de Apelaciones de la CPI subrayó que no acredita una “parcialidad real” de Khan, que lleva cinco meses apartado de la fiscalía mientras se lleva a cabo una investigación contra él por supuesto comportamiento sexual indebido, pero señaló que aplicó el criterio del “observador razonable” para decidir apartarlo del procedimiento y la investigación relacionada con Duterte.
Los jueces creen que, por la intensidad de su papel en 2018, cuando llevó a cabo revisiones, la presentación de la comunicación -entonces dirigida a la fiscal Fatou Bensouda- y las tareas de carácter investigativo, Khan pudo formarse una opinión sobre la posible responsabilidad penal individual de Duterte.
Khan rechazó las sospechas y aseguró que varias acusaciones eran “especulativas” o “falsas”, que en 2018 no decidió que hubiera base para acusar a Duterte, que no intentó influir en su equipo y que el material de entonces era solo una “pequeña fracción” de la prueba disponible hoy.
Los representantes de las víctimas pidieron desestimar la solicitud por extemporánea y por carecer de un objeto real, dado que Khan está de baja voluntaria desde el 16 de mayo.
Los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal) se están haciendo cargo de la fiscalía desde mayo.
Los jueces destacaron que la comunicación de 2018 apuntaba directamente a la posible responsabilidad individual de Duterte y lo situaba como primer objetivo de investigación, lo que refuerza la apariencia de parcialidad.
Con esta decisión la Sala dice buscar proteger la integridad y la equidad del proceso en la causa de la Fiscalía contra Duterte.
Esta decisión no tiene ningún efecto práctico inmediato sobre el procedimiento contra el expresidente filipino, que ya trató de solicitar la libertad provisional, alegando también motivos de salud, lo que fue rechazado por la CPI, que ordenó la semana pasada que siga detenido y concluyó que existe un riesgo de fuga, de obstrucción de la investigación y de reiteración de los crímenes.
Duterte fue entregado a la CPI en marzo pasado, tras una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad (asesinatos) cometidos en Filipinas como parte de la “guerra contra las drogas” durante su mandato.
La CPI había aplazado una audiencia de confirmación de cargos contra Duterte, que estaba planeada para el día 23 de septiembre, después de que la defensa alegara que el político octogenario no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial. Todavía no hay una nueva fecha para la sesión de confirmación de cargos.
En agosto Khan también se vio obligado a apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras considerar los jueces que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad en el caso, dado que su cuñada ha sido contratada para el equipo legal del Gobierno de Nicolás Maduro.
Información de EFE
