De acuerdo con Adalah y numerosos activistas internacionales y organizaciones de derechos humanos, la detención de las misiones humanitarias y el encarcelamiento de sus voluntarios fue ilegal
Este domingo, el equipo jurídico de las flotillas, Adalah, confirmó que ya han sido liberados y deportados hacia sus países de origen todos los participantes de las misiones humanitarias Global Sumud Flotilla (GSF) y Flotilla de la Libertad que fueron detenidos por Israel de forma ilegal y llevados hacia una prisión de máxima seguridad.
Así fue informado por la organización tras la liberación de la activista española Reyes Rigo, quien debe aterrizar en España en la jornada del lunes. Se trata del último de los 462 integrantes de la GSF que fueron asaltados por Israel en aguas internacionales. La detención de Rigo se extendió por presuntamente morder a un guardia penitenciario, versión que ha sido desmentida por su compañera Alejandra Martínez Velasco, quien relató cómo Rigo sufrió la violencia de los soldados israelíes.
De acuerdo con Adalah y numerosos activistas internacionales y organizaciones de derechos humanos, la detención de las misiones humanitarias y el encarcelamiento de sus voluntarios fue ilegal, así como han denunciado los abusos relatados por los voluntarios durante los abordajes de la marina israelí y su estancia en la prisión, todos «graves violaciones del derecho internacional».
Voluntarios de la Global Sumud Flotilla denuncian abusos de Israel
Tras ser liberados y deportados por Israel, los activistas de las flotillas humanitarias a Gaza denunciaron las maltratos, amenazas y malos tratos sufridos durante su detención. La intercepción de la Global Sumud Flotilla (GSF) se produjo en la noche del 1 de octubre, cuando los buques se encontraban muy cerca de las costas de Gaza.
Pese a encontrarse en aguas internacionales, la operación militar israelí se realizó mediante lanchas rápidas, inutilizando el sistema de radio para impedir la comunicación entre las embarcaciones.
Cerca de 500 activistas, médicos y periodistas fueron conducidos al puerto de Ashdod. En la explanada portuaria, los detenidos fueron inmovilizados durante cuatro horas, sentados en filas con las manos en alto y sometidos a maltratos y amenazas constantes por parte de los soldados.
La situación se agravó con la aparición del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Ben Gvir gritó a los detenidos, calificándolos de «terroristas» y de apoyar la muerte de niños judíos, lo cual resulta un acto de clara tergiversación. Ante la provocación, los activistas corearon «Free Palestine» y «Baby Killer», antes de ser esposados con bridas y trasladados.
Los detenidos fueron forzados a firmar documentos en hebreo, sin asistencia consular o jurídica adecuada, donde se les obligaba a reconocer haber entrado «ilegalmente» en Israel y a aceptar una deportación voluntaria. Este «proceso jurídico» se hizo mientras se les confiscaban pertenencias de valor, libretas y materiales de trabajo que nunca fueron devueltos.
El destino final de los activistas fue la prisión de Kétziot, la mayor de Israel, situada en pleno desierto del Néguev, una instalación de máxima seguridad donde se han registrado innumerables torturas hacia los prisioneros palestinos. En el patio de acceso del módulo femenino, los activistas aseguraron haber visto escrito: «Bienvenidos a la nueva Gaza», lo cual delata la tortura psicológica que caracteriza el proceder de los soldados en las cárceles israelíes.
