Detuvieron a 15 personas en Ecuador durante paro convocado por indígenas contra el alza del precio del diésel

Algunas de las detenciones se produjeron en la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, donde, según dijo el ministro John Reimberg, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas, lanzas e "inclusive disparos" cuando llegaron a abrir una carretera que había sido cerrada desde la mañana / Texto: EFE

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Quince personas han sido detenidas en Ecuador este lunes durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del alza del precio del diésel, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según el funcionario, estas personas fueron detenidas por haber «atentado contra los servidores policiales y militares», que llegaron hasta varios puntos de la sierra del país para abrir los tramos de vías que fueron bloqueados por manifestantes.

Algunas de las detenciones se produjeron en la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, donde, según dijo Reimberg, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas, lanzas e «inclusive disparos» cuando llegaron a abrir una carretera que había sido cerrada desde la mañana.

«Producto de esto, un servidor militar tiene una bala en una de sus piernas. Obviamente la Policía supo actuar, la fuerza pública, los militares actuaron correctamente. Pudimos aperturar (la vía) y también tuvimos detenidos de ese enfrentamiento», precisó.

La Conaie denunció en sus redes sociales que en la localidad de González Suárez, en Imbabura, agentes policiales habría ingresado «violentamente a viviendas» y disparado «contra la población movilizada».

Por su parte, la Policía señaló que el cuartel del municipio de Otavalo, también en Imbabura, había sido atacado por casi 1.000 manifestantes, lo que provocó que dos agentes resultaran heridos y que se registraran «daños materiales significativos».

«Con acciones terroristas, ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas y vehículos, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros», dijo la institución en un comunicado.

Manifestantes «manipulados»

Reimberg indicó que a la mayoría de los sectores que estaban bloqueados, las fuerzas de seguridad llegaron «a conversar» y a explicarles a los manifestantes que estaban «actuando en contra de la ley». «Se les explica, se los escucha y ellos deciden abrir las vías», añadió.

El ministro dijo que «hay mucha mala información» que han circulado «seudolíderes» entre los manifestantes y que él cree que en algunos casos han sido «manipulados» para salir a las calles.

«Les han dicho que si no salen a cerrar vías les van a cortar el agua, les van a poner multas de 80 dólares y les van a aplicar la justicia indígena. Es un tema que estamos investigando», indicó.

Señaló que los líderes buscan «la violencia» y que detrás de las protestas hay «un partido» que «está promoviendo que se genere el caos, y que lo ha hecho toda la vida y que no lo va a lograr».

En días pasados, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al correísmo, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), de estar detrás de las movilizaciones.

El Gobierno, que espera liberar 1.100 millones de dólares anuales con la eliminación del subsidio al diésel, ha señalado que ese dinero se destinará a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, desde el movimiento indígena exigen que se derogue esa medida, al considerar que el alza del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), encarecerá la vida de los ecuatorianos.

Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha dicho que no va a negociar la eliminación del subsidio y advirtió que quienes «incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley».

La Fiscalía también anticipó que actuará «con firmeza» en caso de que las protestas deriven en posibles delitos como «terrorismo».

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