La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció que su gobierno tiene previsto deportar a 200 ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran privados de libertad en el país. La medida forma parte de una estrategia migratoria más estricta, orientada a contener la inmigración irregular y combatir el tráfico de drogas y personas.
En declaraciones al medio local Newsday, Persad-Bissessar afirmó que el Estado no será indulgente con quienes se encuentren en situación migratoria irregular y no puedan demostrar cómo se sostienen económicamente. “La policía ha intensificado su vigilancia sobre inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de drogas y personas. Estamos modernizando las instalaciones de la guardia costera de Cedros y hemos enviado más embarcaciones a la zona”, señaló.
Llamado al respeto del debido proceso
La abogada Nafeesa Mohammed, reconocida por su labor en defensa de migrantes venezolanos, instó al gobierno a garantizar que las deportaciones se realicen conforme a la ley. “Espero que, cualesquiera que sean los anuncios políticos que se hagan, Wayne Sturge, que es abogado, y Roger Alexander, que está en el Ministerio de Seguridad Nacional, reciban un buen asesoramiento para que puedan ser colectivamente responsables de lo que está sucediendo en este momento”, declaró.
Mohammed también expresó su preocupación por la falta de claridad sobre los delitos que habrían cometido los migrantes detenidos, y recordó que Trinidad y Tobago ha firmado tratados internacionales que exigen el respeto a los derechos humanos en procesos de deportación.
Coordinación diplomática en curso
Según declaraciones ofrecidas al Trinidad Express, el embajador venezolano en Trinidad y Tobago está en conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores y de Caricom, Sean Sobers, así como con el ministro de Defensa, Wayne Sturge, para coordinar el proceso de deportación.
Organizaciones no gubernamentales estiman que más de 30.000 venezolanos residen actualmente en Trinidad y Tobago, muchos de ellos en condición irregular. La decisión del gobierno trinitense podría tener implicaciones diplomáticas y humanitarias en la región.
