La Casa Blanca defendió este jueves la legalidad y justificación detrás del ataque con 11 muertos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en aguas internacionales alegando que se realizó en defensa de los intereses del país y fue «consistente con las leyes de un conflicto armado».
La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly aseguró que «el ataque dirigido por el presidente fue realizado contra las operaciones de una organización designada como terrorista y en defensa de intereses nacionales de Estados Unidos y por la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo debido al tráfico de narcóticos y las actividades violentas de carteles».
La portavoz añadió que el ataque del martes «fue consistente con las leyes de un conflicto armado».
«Este ataque de precisión en aguas internacionales fue llevado a cabo de una manera que minimiza el riesgo al personal estadounidense y no requirió el uso de fuerzas sobre el terreno», detalló.
La Casa Blanca, que asegura que la lancha estaba operada por miembros de la organización transnacional Tren de Aragua, está utilizando un lenguaje que parece apuntar a los poderes presidenciales de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), con la que en 2001 el Congreso autorizó al Ejecutivo a recurrir al uso de la fuerza militar contra miembros de al Qaeda u otros grupos terroristas islámicos para prevenir futuros actos de terrorismo internacional contra EE.UU. o aliados.
La Administración Trump dejó claro con esta respuesta que considera que su combate contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua o el esquivo Cartel de los Soles (en cuya jefatura Washington pone a la cúpula de poder del chavismo) es un conflicto armado con un bando beligerante definido, algo que podría responder a la intención de hacerlo consistente con las leyes internacionales y las leyes nacionales de guerra.
En una entrevista este miércoles el senador republicano del ala libertaria Rand Paul aseguró que, aunque no tiene amor alguno por «unos narcotraficantes que quieren infiltrarse en nuestro país», no es la «política» de Estados Unidos matar a sospechosos de tráfico de drogas sin probar su vinculación antes.
«Si esto pasa en aguas cerca de Miami y si esta gente no nos dispara, nosotros no les disparamos; confiscamos las drogas; van a la cárcel, y pasan por un juicio y se les condena si tenían drogas. La razón por la que no asumimos que son culpables y los matamos es por si cometemos un error y resulta que son personas huyendo de Venezuela», indicó en senador al canal conservador Newsmax.
«No volamos por los aires barcos que ingresan en nuestras aguas a no ser que vayan a atacar otro navío o se resistan con fuego armado», añadió.
«Estas operaciones siempre han sido operaciones de control costero policial y de aplicación de la ley», explica a EFE Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
«Lo que parece es que el presidente dio una orden ilegal el otro día y ahora están intentando encontrar una justificación para hacerlo parecer legal», añade Isacson.
Información de EFE
