El Gobierno de Luis Arce apeló las recientes decisiones judiciales en favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez y los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales acusados e investigados por la crisis de 2019 en Bolivia, informó este miércoles la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
En una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, Saravia explicó que «el Estado lo que ha hecho es accionar, conforme lo establece la ley, a través de apelaciones» a las decisiones judiciales por las que Camacho y Pumari podrían defenderse en libertad y Áñez pasará de ser juzgada en un proceso ordinario a un juicio de responsabilidades.
«Considerando los fundamentos de la apelación, nosotros, respetuosos de las disposiciones judiciales, esperaremos cuáles son los resultados de esa apelación y en su caso, de corresponder, realizaremos o analizaremos cuáles (serán) las acciones que deberemos seguir», indicó Saravia.
La ministra negó que en el país haya «presos políticos» y aseguró que «siempre se ha respetado el derecho al debido proceso», algo que niegan las personas encarceladas por la crisis de 2019.
Según Saravia, las acusaciones en estos casos se basaron en informes como el del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con recomendaciones para «investigar y sancionar» los sucesos de 2019 «para que las víctimas no se queden sin justicia».
El presidente Arce escribió en sus redes sociales que observa «con profunda preocupación» que tras seis años de la crisis, «la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente».
«Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas», manifestó el gobernante.
Estas decisiones judiciales ocurren después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó el pasado viernes que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se realizan a instancias del Gobierno y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que Evo Morales (2006-2019) fue víctima de un «golpe de Estado», lo que niegan sus detractores que afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año.
El lunes, un tribunal boliviano anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
La corte dispuso también un «mandamiento de libertad» para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente.
La exmandataria enfrenta otros procesos por decisiones tomadas durante su Gobierno transitorio y tiene una sentencia de 10 años de cárcel por el llamado caso ‘golpe de Estado II’ en el que se la acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, una sentencia ratificada en 2023 por el máximo tribunal de Justicia de Bolivia.
El martes, otro tribunal dispuso levantar la medida de prisión preventiva a Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, y a Pumari, exlíder cívico o ciudadano del departamento andino de Potosí, y otorgó arresto domiciliario al primero y «libertad pura y simple» para el segundo.
Ambos son los principales acusados dentro del caso ‘golpe de Estado I’, por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Camacho, que está en una cárcel en el Altiplano boliviano desde fines de 2022, se benefició este miércoles con otra detención domiciliaria en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022, por la realización oportuna del censo de población y vivienda y tiene pendientes las revisiones de otros casos.
